El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, no defenderá el dictamen del tabaco del Comité de las Regiones (CdR) de la Unión Europea, del que era ponente, ya que la comunidad extremeña considera "inasumibles" algunas de las enmiendas que se han incorporado al documento.

Según explicó ayer el consejero de Agricultura, José Antonio Echávarri, Monago comunicó su decisión por carta al CdR, que tiene previsto votar el dictamen que lideraba Extremadura a principios del próximo mes de julio. Echávarri recordó que el presidente extremeño fue designado en febrero ponente del dictamen que tiene que emitir el Comité de las Regiones sobre la nueva directiva comunitaria del tabaco, cuya negociación se encuentra en la recta final y que podría votar el Parlamento Europeo en septiembre u octubre de este año.

Extremadura ha venido desarrollando desde entonces una amplia actividad con las fuerzas políticas y el sector del tabaco para conseguir un dictamen "equilibrado", que, aunque no es vinculante, recoja advertencias sanitarias, pero también la importancia del cultivo, una "producción integrada" que tiene prohibido muchos agroquímicos, subrayó el consejero. El pasado 30 de abril Monago defendió en Bruselas el dictamen y a él se incorporaron una serie de enmiendas, casi todas de grupos de izquierda, según Echávarri, que "Extremadura no puede aceptar bajo ningún concepto". En concreto, criticó una que considera que el tabaco es un cultivo que utiliza fertilizantes y pesticidas, que no es sostenible y que, por tanto, hay que buscarle alternativas. Ante estos, como "enmienda a la totalidad", Monago envió una carta al presidente del Comité de las Regiones, el murciano Ramón Luis Valcárcel, para informarle de que "no lo hace suyo". Tras esta renuncia, no se sabe si el dictamen se retirará o si lo defenderá un suplente.

Extremadura defiende el tabaco como cultivo "legal", porque 20.000 extremeños viven de él y porque es muy importante para la economía regional. En este sentido, la Mesa del Tabaco, ante la celebración hoy en Bruselas del Consejo de Ministros de Salud de la UE, insta al Gobierno español a tener en consideración las graves consecuencias que podría suponer esta norma tanto para el sector como para el empleo y la economía del país. Por ello pide que se busque un equilibrio que evite la destrucción de trabajo y riqueza y para ello se tengan en cuenta los pronunciamiento que se han realizado en estos últimos meses tanto en el Congreso como en los distintos Parlamentos y Gobierno regionales, como el extremeño.