El equipo de gobierno municipal creía que la relación laboral de las becarias del archivo municipal era con la Universidad de Extremadura y no con el ayuntamiento, según manifestó ayer a este diario la concejal de Cultura, Paloma Morcillo, en contra de lo que ha establecido el juez en las dos sentencias que obligan al consistorio a indemnizar o readmitirlas, una segunda opción por la que ha optado y desde la semana pasada el archivo está abierto tras meses cerrado al público.

Morcillo había comparecido por la mañana en una convocatoria extraordinaria de la Comisión de Cultura a petición del PSOE para explicar los sucedido en el archivo. No convenció a los socialistas, que pidieron su reprobación y cese, que se llevará al próximo pleno, para el que se han reservado el voto los concejales de Podemos Recuperar Badajoz y de Ciudadanos, según explicó el portavoz de C's y presidente de la comisión, Luis García-Borruel.

Morcillo explicó que existieron dos convenios, el primero del 2008 con la Universidad (ella no era aún concejala) y en el 2011 con la Fundación Sociedad, por el que se establecieron becas de un año que podían prorrogarse anualmente por un periodo de formación o hasta finalizar el trabajo de traslado y organización del nuevo archivo. Según recordó ayer la concejala socialista Maribel García, las bases establecían una prórroga máxima de dos años. Pero las dos becarias se mantuvieron desde el 2008 hasta septiembre del 2015. La concejala del PP insistió sin embargo en que estas becas se han ido prorrogando "de acuerdo a lo que nos dictaba la universidad" y a lo largo de todo este tiempo, siempre entendieron "que era una relación laboral o contractual con la Universidad o con la Fundación, pero nunca con el ayuntamiento, que ponía el espacio".

El juez no lo ha creído así. Morcillo contó que la Uex comunicó al consistorio que el convenio finalizaba en septiembre del 2015 y no se podía prorrogar. Se lo trasladaron a las becarias, que creían tener ya derechos adquiridos y presentaron una demanda, no solo al ayuntamiento, sino también a la Uex y a la Fundación.

Morcillo señaló en su defensa que cuando estas dos jóvenes entraron, estaba la archivera municipal, que se jubiló en marzo del 2010; una auxiliar administrativo se jubiló en agosto en el 2012 y la administrativa que atendía al público solicitó su excedencia en noviembre del 2013. Se quedaron a partir de esa fecha solas con un auxiliar que atendía la parte administrativa municipal, que ha seguido funcionando según la concejala del PP. "Nunca han estado solas en el edificio", aseguró y apuntó que cuando se produjeron todas estas circunstancias la ley impedía contratar más personal, por lo que durante un tiempo se les siguió prorrogando la beca, "siempre bajo el amparo de la universidad". Pero el juez considera que no sólo se estaban formando sino que trabajaban para el ayuntamiento. La concejala insistió además en que nunca mintió cuando afirmó que el archivo se cerró para el inventario, que realizó la jefa de servicio de Cultura. El ayuntamiento estaba en conversaciones con la Fundación viendo otros convenios posibles, pero decidieron esperar hasta que se resolviesen las demandas judiciales. Morcillo quiso también dejar claro que estas dos jóvenes ocupan ahora las plazas de forma temporal.

Estas explicaciones no convencieron al PSOE. Maribel García calificó de "sorprendente" que la concejala diga que siempre actuó siguiendo las indicaciones de la universidad y no cuestionase que el convenio se siguiese prorrogando "de forma irregular", pues los beneficiarios debían tener titulación reciente y no haber recibido una beca anterior. "Pero ella no se pregunta nada y firma el convenio", subrayó, al tiempo que lamentó que se haya permitido que dos becarias entren en el ayuntamiento "por la puerta de atrás". "Al grupo socialista nos parece increíble que no pase nada, que haya una gestión política nefasta y que se haya permitido un fraude de ley", insistió García López.