Conozco a varios adultos que han optado por el patinete eléctrico para moverse por la ciudad. Nunca me lo hubiese planteado como solución de movilidad por la sensación -cierta y real- de desprotección del conductor, que es aún mayor que en las motocicletas. Es verdad que quienes han elegido esta alternativa han tenido en cuenta sus numerosas ventajas, como su precio asequible, la contaminación cero, el gasto mínimo y el fácil aparcamiento. Lo que nació como un juguete se han convertido en una verdadera opción de transporte en el casco urbano. Según los datos del ayuntamiento, en Badajoz hay más de 400 vehículos de movilidad personal, de los que existen muchas modalidades con muy parecidas prestaciones.
En esta ciudad, el ayuntamiento lleva más de un año anunciando una ordenanza que regule su uso. Esta intención ha sido titular en numerosas ocasiones, no solo como anuncio sino como decisión ya tomada. Tal es así que el entonces concejal responsable, el popular Jesús Coslado, incluyó en noviembre del año pasado esta cuestión de actualidad en una comisión municipal para «autoobligarse» a confeccionar la normativa y contó con el respaldo del resto de los grupos políticos. Incluso llegó a avanzar una fecha: en febrero del 2019 la ordenanza estaría lista. Pero Coslado no debe hacerse mucho caso a sí mismo y se desobedeció a las primeras de cambio. Desde aquel compromiso adquirido públicamente con declaraciones a los medios de comunicación nunca más se supo de esta normativa propia.
Otras ciudades, como la vecina Cáceres, se adelantaron. Y eso que en Badajoz existía una especial sensibilidad con la necesidad de regular el uso de estos vehículos que no se pueden considerar juguetes, tras el trágico accidente en el que perdió la vida un niño de 5 años. Cuando la tragedia llama a la puerta todo son sanas intenciones, pero el paso del tiempo arrasa las prioridades y la buena voluntad se enquistó en mero anuncio. Hasta que de manera sorpresiva y sin que antes el equipo de gobierno hubiese hecho la menor referencia a este nuevo panorama, en el pleno de esta semana el PP llevó una moción para «instar» a la Dirección General de Tráfico a que tramite de urgencia la regulación del uso de vehículos de movilidad personal en el tamo urbano.
De urgencia, dice el escrito. Ahora vienen con prisas, después de un año. Ahora se dan cuenta de que la regulación debe ser nacional y no municipal, a pesar de que muchas ciudades se han anticipado a Badajoz, en cuanto vieron que la necesidad existía y sobre todo el riesgo. Estos vehículos tienen que convivir con coches y peatones y cada uno debe saber cuál es su lugar y su responsabilidad. Desde que hace un año se anunció la elaboración de una ordenanza municipal, nunca en el ayuntamiento se puso en duda que se tratase de una competencia propia. Es de sentido común que tiene que existir una normativa nacional pues es una práctica que se da por igual en todas las localidades. Pero a la vista del retraso que el real decreto de la DGT está sufriendo porque no se constituye el Gobierno central, el Ayuntamiento de Badajoz ya ha tenido tiempo de regular cómo deben circular estos vehículos por sus calles. Desde luego la solución no pasa por que nuestros concejales «insten» a la DGT. No creo que en Madrid se vayan a espabilar más o menos por lo que se debata en la corporación municipal pacense, si es que les llega el menor eco de las diferencias de criterio que en este ayuntamiento se postulan. Ni siquiera servirá como excusa si ocurre otra desgracia.
