Todo el dinero que el Ayuntamiento de Badajoz ingrese en concepto de sanciones impuestas a prostitutas, proxenetas y clientes por el incumplimiento de la nueva ordenanza que prohíbe ofrecer y demandar servicios sexuales en espacios públicos, se destinará a programas para mejorar la situación social y económica de las mujeres en situación de explotación sexual. La regulación municipal prevé multas desde 750 hasta 3.000 euros para las infracciones tipificadas como muy graves, como es la promoción y el uso de cualquier medio para poner en contacto a los clientes con las prostitutas.

Se considera leve la actividad de las prostitutas, desde el ofrecimiento, a la aceptación de servicios sexuales y prácticas retribuidas en el espacio público municipal. Muy graves son cuando el ofrecimiento y la práctica se realiza a menos de 500 metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos u otros espacios con afluencia de niños y jóvenes, así como lugares donde se desarrollen actividades culturales, deportivas o festivas que atraigan a numeroso público, así como en espacios en los que las prostitutas estén más vulnerables porque hay poco alumbrado, es difícil emprender la huida o son vías de circulación de vehículo o lugares con actividades empresariales o comerciales.

Además, en el texto se tiene en cuenta que las mujeres que hayan sido sancionadas podrán, voluntariamente, sustituir las multas participando en programas promovidos desde los Servicios Sociales del ayuntamiento o en otras áreas municipales o entidades con las que el ayuntamiento tenga un convenio de colaboración.

Así lo recoge esta nueva ordenanza, que ayer aprobó provisionalmente el pleno del Ayuntamiento de Badajoz, con la abstención del PSOE, que argumentó que esperará a la incorporación de alegaciones, según la concejala Isabel Franco. También el concejal de IU, Manuel Sosa, se abstuvo pero solo en un apartado que se modificó a última hora, en el mismo pleno, para dejar claro que esta ordenanza no limita la promoción de contactos a través de anuncios en prensa, porque excede de las competencias municipales.

Esta ordenanza considera la prostitución o la explotación sexual de la mujer "como una de las conductas más vejatorias y atentatorias contra la dignidad de la misma, la máxima expresión de la violencia de género". Tras su aprobación provisional, tiene que publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.