El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Muñoz, acusó ayer al alcalde, Miguel Celdrán, de "mentir" en sus afirmaciones sobre la permuta del Canal de Badajoz y recordó que la operación se realizó durante el gobierno del PP.

Muñoz salió al paso de las declaraciones que realizó el alcalde el martes, cuando aseguró que el convenio para la permuta a Jardines del Guadiana de los terrenos situados en el plan parcial del Canal de Badajoz se firmó cuando gobernaba el PSOE, siendo alcalde Manuel Rojas. Según dijo, se firmó dos días antes de las elecciones de 1991 y su grupo se opuso "no porque fuese irregular, sino que no veíamos clara la operación".

Sin embargo, el portavoz del PSOE afirmó ayer que "el alcalde miente, ya que en 1991 el PSOE aprobó un convenio de intenciones y una valoración inicial de los terrenos, a lo que el PP votó en contra porque la valoración era muy baja, sin embargo fue en 1997 cuando el PP aprobó la permuta con la misma valoración que en 1991, sólo subió el 1,27% del IPC".

Algo que calificó de "ilógico" cuando además, según dijo, el suelo se había revalorizado al pasar de suelo urbanizable programado, como estaba tipificado en 1991, a ser suelo urbano consolidado. "Si era baja la valoración, ¿por qué seis y siete años después el PP aprueba la permuta con la misma valoración?. Es a esto a lo que debe responder el PP", señaló.

SALIR A LA LUZ En este sentido aseguró que en el PSOE "no tenemos ningún problema en que la Justicia llegue hasta el final y que los tribunales investiguen y salga a la luz todo lo que haya sobre el Canal".

Muñoz insistió en que su grupo "defendió siempre la titularidad pública del Canal", sin embargo "con el PP en el gobierno desaparece la propiedad pública, se esfumaron de un plumazo 6.000 metros cuadrados".

Según recordó, la defensa de los socialistas por la titularidad pública la demuestran las expropiaciones que realizó la Junta de Extremadura en 1984 y 1991 por ocupar una parte del Canal, por las que indemnizó al ayuntamiento, o cuando el ayuntamiento, gobernado por el PSOE, se persona contra la empresa Aníbal en 1988 por construir sobre una parte del Canal de Badajoz un circuito de prácticas automovilísticas.

Con anterioridad, en 1956, Demarcación de Carreteras del Estado expropió una parte para construir el puente de la Universidad, según recordó.