El contrato que el Ayuntamiento de Badajoz sacó a licitación en noviembre y que, entre otras actuaciones, incluye disponer de una cuadrilla de cinco trabajadores que esté pendiente a diario de la situación de los monumentos de la ciudad, tiene nuevo adjudicatario, que de momento es provisional, según recoge el perfil del contratante en la web municipal. La UTE formada por Ecolimpieza Facility Service SL y Grupo Macías Rehabilitaciones ha sido excluida del procedimiento por la mesa de contratación, en la reunión que mantuvo el 18 de junio y, en su lugar, ha propuesto adjudicar el contrato a Imesapi, por 386.426 euros, la segunda oferta económica más baja. El presupuesto de licitación era de 445.499 euros, para dos años.

Es la primera vez que el Ayuntamiento de Badajoz saca este contrato para el mantenimiento y conservación de las fortificaciones de la ciudad, que incluye realizar de forma periódica la inspección y revisión del conjunto, su limpieza, así como la de las señalizaciones, la retirada de plantas y elementos vegetales, la siega y desbroce con maquinaria y tratamientos herbicidas, el mantenimiento de taludes ajardinados y pintura y limpieza de las carpinterías metálicas y de madera y los soportes de los elementos museográficos. La limpieza abarca todos los elementos constructivos, espacios arqueológicos, adarves, garitas y galerías. En concreto, contempla la siega y desbroce con maquinaria y tratamiento herbicida en las laderas de la Alcazaba, entre el baluarte de San José y el semibaluarte de Palmas y el Fuerte de San Cristóbal, donde se habilitará un ancho mínimo de 5 metros contra incendios en la valla exterior del recinto. Cuando este contrato salió a licitación en noviembre, el concejal de Turismo y Mantenimiento del Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, destacó que significaba «un paso adelante tremendo para la ciudad» y mostró su confianza en que pudiese estar adjudicado a primeros de año.

Se presentaron once empresas y la mesa de contratación propuso en enero a la UTE mencionada, cuya oferta era la más económica. Pero surgieron dudas sobre la solvencia técnica, que dieron lugar a un informe a finales de febrero. A mediados de marzo se declaró el estado de alarma y los procedimientos administrativos se paralizaron. El 1 de junio se reanudó el cómputo de plazos y, según lo acordado en la última sesión, la UTE debía presentar documentación sobre su solvencia económica y técnica. El 3 de junio subsanó la documentación requerida sobre su solvencia económica y aportó la carta de pago del ingreso de la garantía definitiva. Para la solvencia técnica presentó certificados de una empresa externa consistentes en declaraciones responsables. Según recoge el acta de la reunión del 18 de junio de la mesa, el licitador alega una solvencia distinta a la que declaró en la fase de revisión de la documentación administrativa, cambiando la vía para hacerlo, pero en esta fase debería acreditar obras en monumentos históricos o conmemorativos, entendiendo como tales trabajos realizados sobre Bienes de Interés Cultural.

Según la mesa, la UTE continúa sin acreditar su solvencia técnica.