Hoy entra en vigor el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Badajoz y la diputación, por el que el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), dependiente de la institución provincial, acepta la encomienda de gestión y la delegación de funciones recaudatorias para la tramitación de los procedimientos sancionadores en materia de contaminación acústica.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz publicó ayer este acuerdo, adoptado en la sesión plenaria municipal del pasado 30 de enero y que fue ratificado por el gobierno provincial el pasado 5 de junio.
La ordenanza municipal de protección ambiental en materia de contaminación acústica aprobada por el Ayuntamiento de Badajoz en 1997 señala que corresponde al consistorio velar por la calidad del medio ambiente urbano y actuar contra las agresiones producidas por liberación de energía acústica en sus manifestaciones más representativas, ruidos y vibraciones, mediante las infracciones y sanciones correspondientes.
PROTECCIÓN AMBIENTAL / La encomienda de gestión comprende, entre otras, las actuaciones de recepción de los documentos, actos e iniciativas a través de las cuales se comuniquen la posible comisión de una infracción; y las acciones previas para determinar, junto al Servicio de Protección Ambiental del ayuntamiento, si concurren las circunstancias que justifiquen la iniciación de un expediente sancionador.
También la remisión al ayuntamiento de la propuesta de acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador o del informe sobre su improcedencia; la de proponer a la alcaldía el nombramiento del instructor y, en su caso, secretario del expediente, que serán ambos funcionarios provinciales. Asimismo, la tramitación del expediente hasta la redacción de la propuesta de resolución para su consideración por la alcaldía, lo que incluye la práctica de las pruebas con la asistencia de los técnicos municipales, las notificaciones pertinentes, así como la recepción de alegaciones, documentos e informaciones presentadas por los interesados.
Por su parte, el ayuntamiento debe poner en conocimiento del OAR los hechos que pudieran constituir infracción en esta materia y le obliga a agilizar la entrega de informes solicitados a los técnicos y remitir todas las alegaciones o documentos que se presenten en sus oficinas. Por este convenio, el OAR realizará todas las actuaciones y confeccionará todos los documentos preceptivos para proceder al cobro de las sanciones tanto en vía voluntaria como ejecutiva y el consistorio abonará al mismo los porcentajes que recoge el convenio.
El acuerdo refleja la constitución de una comisión mixta para el seguimiento, vigilancia y control de su ejecución y de los compromisos adquiridos por los firmantes, así como una estipulación relativa a la gestión de la seguridad de la información y protección de datos.
