Entre los imputados hay constructores, transportistas que vertían los ripios en lugares no autorizados y trabajadores de plantas de acopio o de reciclaje que emitían certificados de haber recepcionado los escombros sin que esto hubiese ocurrido. La operación Alaspico contra el vertido ilegal de ripios en el entorno de la ciudad, que han llevado a cabo conjuntamente la Policía Local de Badajoz con el Seprona de la Guardia Civil, se ha saldado con 13 imputados, pertenecientes a 10 empresas. Para informar de esta actuación, que se inició en julio del 2014 y se ha prolongado durante 9 meses en Badajoz y localidades cercanas, comparecieron ayer el primer teniente de alcalde, Germán López Iglesias, y los responsables del Seprona y de la policía local.
Mediante el control de vehículos se comprobó el vertido incontrolado de residuos de la construcción en seis lugares no autorizados. En concreto, en El Pico, la isla de Los Monos, las graveras del Guadiana cerca de Sagrajas, en la carretera de Olivenza y en las cercanías de la carretera de Valverde. Según fuentes consultadas, se han acumulado cientos de miles de toneladas en estos lugares. El modo de proceder era el siguiente: un constructor con licencia de obra para derribar contrataba a una empresa para llevar los escombros a una planta temporal de acopio o a una de reciclaje autorizadas, pero el transportista, en lugar de trasladarlos a las plantas, lo que supone un coste, los repartía por el entorno de Badajoz y acudía posteriormente a una planta para recoger el certificado en contubernio con algún trabajador.
LOS AFECTADOS Están imputados empleados de la planta de acopio de Gévora, de la de tratamiento de Olivenza y una móvil que funciona en la carretera de Sevilla, en la barriada de Tulio. No se ha determinado si actuaban con el consentimiento de los responsables de las empresas. Ayer, el teniente del Seprona, Ramón García, recalcó que no se puede "criminalizar" al sector.
De la policía local han participado 7 agentes del Servicio de Información Local y Cometidos Especiales (Silyce), que han controlado 14 vehículos y hecho 5.490 fotografías. Su intervención para el trabajo de campo se prolongó los tres primeros meses y luego ha actuado el Seprona.
Según explicó el superintendente, Rubén Muñoz, debido a las características de esta actuación, las imágenes se tomaron "a una gran distancia" al observar que quienes cometían estos delitos adoptaban importantes medidas de seguridad. Primero realizaban varias visitas con un turismo por la zona para asegurarse de que no había testigos y cuando comprobaban que no había nadie, comenzaba a llegar "un regero de camiones" que realizaban los vertidos.
Para cerrar la investigación hubo que seguir a los vehículos, comprobar de qué obras partían y si les habían presentado el certificado de la gestión que no se estaba haciendo. El Seprona se ha centrado en la instrucción de las diligencias para intentar demostrar en contacto con la Fiscalía de Medio Ambiente la concurrencia de tres delitos: el medioambiental (hasta 2 años de prisión) por daños y alteración del hábitat sobre todo en la cuenca del Guadiana; falsedad documental (hasta 3 años) por expedir documentos que certifican lo que no se ha hecho y, por último, estafa (hasta tres años), pues el promotor de la obra contrataba a un gestor de residuos y le pagaba. Todo está remitido a la autoridad judicial.
