Ni a IU ni al PSOE les gusta la nueva ordenanza de Policía Urbana que el equipo de gobierno llevará a pleno el lunes para su aprobación. Ambos grupos coincidieron ayer al denunciar su "afán represivo y recaudatorio" y criticaron que el PP no haya cumplido su palabra de consensuar el borrador con la oposición.
El primero en mostrar su rechazo fue el portavoz municipal de IU, Manuel Sosa, quien criticó que la actualización de las cuantías por las infracciones es "brutal", pasando en algunos casos de "las antiguas 15.000 pesetas a los 3.000 euros" (la anterior ordenanza es del 97). Añadió que, pese a estar de acuerdo en que hay que velar por el descanso de los vecinos y por evitar destrozos en el patrimonio público, el PP utiliza el "pretexto" de proteger los espacios urbanos para reprimir una forma de protesta que se ha hecho norma desde el 15-M: las acampadas ciudadanas.
Para Sosa el texto tiene reminiscencias "franquistas" y con él se pierde la oportunidad de elaborar una ordenanza de "buen gobierno". Por todo ello, anunció que su grupo presentará alegaciones, a lo que también animará a los colectivos sociales. Añadió que IU es partidaria de que los ciudadanos tomen las plazas y que este tipo de acampadas deberían "estar protegidas", por lo que se mostró dispuesto a llegar hasta donde haga falta --incluso a acampar-- para que no salga adelante.
Además criticó la actitud del equipo de gobierno que, según dijo, ofreció consensuar la ordenanza con la oposición, pero tras haber mantenido una sola reunión en abril para abordar los 15 primeros artículos, el portavoz del grupo popular, Alberto Astorga, les comunicó el jueves que el borrador iría al pleno del lunes. "Es una tomadura de pelo", reprochó el portavoz de IU, que había elaborado un documento con una comparativa de la ordenanza del 97, la propuesta por el PP y sus aportaciones.
También el grupo municipal socialista, a través de un comunicado, acusó al PP de romper las negociaciones con los grupos "de forma unilateral". El PSOE criticó que el PP intente sancionar lo que hacen los vecinos de puertas para adentro, multando en el caso de los ruidos a los dueños de pisos alquilados, y consideró una medida "franquista" que un policía, "que carece de sonómetro", pueda multar con hasta 1.500 euros "con un criterio arbitrario".
El portavoz socialista, Celestino Vegas, denunció que las sanciones son desproporcionadas, que hay demasiadas prohibiciones y que la ordenanza es propia del "ordeno y mando", lo que deja ver que el PP está alejado de la ciudadanía y que solo busca "aliviar las arcas municipales".
