La Ordenanza Municipal Reguladora de Campamentos y Acampadas en el término municipal de Badajoz, que el próximo lunes aprobará inicialmente el pleno del ayuntamiento pacense y se someterá a exposición pública para la presentación de alegaciones, prevé multas de entre 30 y 150 euros por persona, en función de los daños causados en el lugar del asentamiento.
La ordenanza, que se basa en el texto de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), pretende dar solución a algunos de los problemas que vienen surgiendo por la proliferación de asentamientos que se realizan con ocasión de actividades agrícolas o ganaderas, fundamentalmente. El texto pasó ayer por la Comisión de Urbanismo y fue el concejal de este área, Celestino Rodolfo, quien informó de su contenido y señaló que en Badajoz las acampadas de temporeros o emigrantes se producen esporádicamente pero "conviene que el ayuntamiento disponga de una normativa para intentar controlarlas". Los asentamientos suelen darse en las márgenes del Guadiana, en la avenida de Elvas próximo a la frontera, en la carretera de la Corte, en la de Sevilla y en la de Valverde, junto a La Banasta.
La ordenanza define como promotor de la acampada libre al propietario de la parcela, el local o la nave donde se ubique el campamento y si existe suministro de agua potable o energía eléctrica, será el titular de la acometida de la que proceda. Si la acampada no es consentida por el propietario del lugar, está obligado a denunciarla inmediatamente al ayuntamiento para justificar que la ocupación no ha sido autorizada y si se han instalado en un espacio público, propiedad de la Administración, se sancionaría individualmente a cada uno de los infractores. El plazo que establece la ordenanza para desmantelar un asentamiento ilegal es de 72 horas.
El promotor de la acampada, o de no existir ninguno, cada uno de los que están asentados, será sancionado con multas de 30 euros por persona acampada, 120 si provocan deterioro en el mobiliario urbano o ensucian de forma indiscriminada la zona y sus alrededores, además de que tendrán que pagar los daños ocasionados y hasta 150 euros si realizan conexiones a las redes de agua o alumbrado público sin autorización.
POLICIA LOCAL Según el inspector jefe de la Policía Local, Antonio Nogales, aunque ya se viene actuando contra las acampadas ilegales, esta ordenanza viene a dar "cobertura jurídica" a estas actuaciones. Nogales recordó ayer que en Badajoz han llegado a desalojarse asentamientos de más de 60 personas, con la normativa autonómica y estatal.
En este sentido, señaló que las leyes de rango superior son de más difícil aplicación porque obligan al desahucio de la acampada y hay que esperar a que un juez se pronuncie. Pero en Badajoz no se utiliza esta vía, sino la de orden inmediato de levantamiento y presencia policial hasta tanto se consigue. Según Nogales, la nueva ordenanza redunda en el sentido de prohibir acampar en sitios no autorizados. Sin embargo, el jefe de la Policía Local apunta que es complicado el cumplimiento del régimen sancionador, pues se trata de multar a personas nómadas, sin domicilio conocido, por lo que entiende que habrá que seguir aplicando el método tradicional con la orden de levantamiento.
