La Sección Primera de la Audiencia de Badajoz celebrará por primera vez en su historia un macrojuicio que deberá llevar a cabo fuera de su sede, debido a la falta de espacio en el palacio de Justicia. Por ello se trasladarán las personas y los medios que forman parte de la causa al Palacio de Congresos Manuel Rojas, donde el tribunal podrá ejercer su función en las condiciones adecuadas.
La falta de espacio se debe a que se juzgará a 23 personas, detenidas entre el 2005 y 2006 en la operación ´Carlichi´ contra el tráfico de drogas. Intervendrán, además, 18 abogados, el fiscal y la secretaria. Todos ellos, según Alfredo Pereira --quien junto con sus compañeros de despacho Ildefonso Seller y Soledad Sancho defienden a 6 acusados--, deberán estar dedicados al juicio mañana, tarde y días festivos.
El presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, ha dictado una providencia en la que informa a las partes personadas en la causa de que el macrojuicio se desarrollará en las tres primeras semanas de mayo, para que ajusten sus agendas y evitar la suspensión de un proceso complejo, en condiciones muy distintas a las habituales.
La causa se inició en Badajoz a raíz de la operación ´Carlichi´ --nombre de uno de los cabecillas-- contra el tráfico de drogas, desarrollada por la Unidad contra de la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco)que seguía la pista a un banda dedicada al robo de coches de gama alta, que vendían en el extranjero con las matrículas falsificadas.
La Udyco intervino en Huelva, Sevilla, Valencia, Cádiz y Badajoz, con la colaboración de los cuerpos de esas otras ciudades, dirigidos por el entonces jefe superior en Extremadura, Eusebio Escribano. El dispositivo sorprendió a los narcotraficantes en pleno desembarco de 1.500 kilos de hachís en una playa de Lepe (Huelva), para transportarla a un chalet de Espartina (Sevilla).
El destino de la droga, valorada en 6 millones de euros, era su distribución en Badajoz y Portugal. La banda tenía su centro de operaciones en Badajoz, donde se realizaron cuatro registros domiciliarios --en Cerro de Reyes, María Auxiliadora, urbanización La Granadilla y en una parcela de la carretera de La Corte--.
La policía detuvo a 15 personas y destacó como cabecillas a ´Carlichi´; a ´El Lolo´, que llegó a "simular su muerte en accidente en Iberoamérica para eludir a la justicia española", y su esposa, con quien vivía en Muslata (Valencia), además de J. M. D. D., que cooperaba en la compra de la droga. En las semanas siguientes se detuvo a otras 8 personas.
COMPETENCIA JUDICIAL Una vez concluida la actuación policial, se planteó que el caso pudiera verse en la Audiencia Nacional, por haberse intervenido en cinco provincias, pero, finalmente, dado que el origen estuvo en Badajoz, quedó en manos de la Audiencia pacense.
El Juzgado de Instrucción 3 dictó auto de apertura de juicio contra los 23 encausados, en enero del 2008. Y la Sección Primera de la Audiencia ha señalado la celebración para las 3 primeras semanas de mayo. El tribunal lo formarán el presidente, José Antonio Patrocinio, y los magistrados Enrique Martínez y Matías Madrigal. El fiscal es Julio López.
El fiscal presentó acusación por los delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, receptación y falsedad documental. Así, los encausados están agrupados por delitos, con penas que en total suman 164 años de prisión y multas por importe de 55 millones de euros.
Por delito contra la salud pública hay siete (con penas de 6 años a cada uno); hay 14 con el mismo delito pero penas de 5 años para cada uno; Hay ocho por receptación (con 2 años cada uno); y cuatro, por tenencia ilícita de armas (de 2 a 3 años para cada uno).
