El matrimonio formado por Alfonso Díaz y Amparo Torres, que el 22 de junio pasado abandonaron la vivienda social en la que vivían en el barrio de Los Colorines, tras ser agredidos en su propia casa por unos vecinos, finalizaron la tarde del pasado viernes la protesta que mantenían ante las puertas de los Servicios Territoriales de Bienestar Social en Badajoz, donde permanecieron 20 días, y esa noche se fueron a dormir a una casa, su casa, una vivienda en régimen de alquiler que han podido conseguir con la ayuda recibida de los Servicios de Bienestar Social.
Con este cambio de situación, la pareja decidió poner fin a la huelga de hambre que se han mantenido y que se ha prolongado durante 10 días, ingiriendo sólo agua normal y alcalina, sa pesar de lo cual no han precisado asistencia médica.
ASISTENCIA AL HIJO Sin embargo, sí ha comenzado a recibir apoyo psicológico, desde el pasado jueves, su hijo de 5 años, quien presenció la agresión a su padre y que, desde esa fecha, permanece con sus abuelos. De momento, continuará con ellos unos días hasta que acondicionen la vivienda que ocupan desde el pasado viernes, informa Europa Press.
La familia, según Antonio Chacón, presidente de la Plataforma de vecinos de Los Colorines, no quiere hacer declaraciones públicas hasta que esta entidad convoque una rueda de prensa para agradecer la colaboración recibida.
La pareja inició esta protesta con la pretensión de conseguir su realojo en otra zona de la ciudad dado que temían volver a la barriada, después de la agresión y las amenazas sufridas por parte de una familia.
Según explicaron, varios miembros de dicha familia, que estaban de luto por la muerte de una niña, irrumpieron en su domicilio propinándole una paliza a Díaz, delante de su hijo de cinco años, porque habían puesto música.
AYUDA La Junta les concedió una ayuda de 1.800 euros para el pago de un alquiler durante seis meses, aunque no se haría efectiva hasta que formalicen un contrato de alquiler.
Sin embargo, afirmaron que, de no haber sido por la intervención de Bienestar Social y otras instituciones, no habrían conseguido dicho contrato, ya que aseguraron que ninguna inmobiliaria o particular les alquilaba una vivienda por miedo a que, pasados los seis meses, si la única solución que les dan es la vuelta a Los Colorines, ellos se nieguen a abandonar el piso alquilado. La familia tiene formalizadas dos denuncias por amenazas de muerte contra sus agresores.
