La Audiencia de Badajoz suspendió ayer un juicio contra la empresaria portuguesa, A. M. F. acusada de defraudar 6,8 millones de euros del IVA a la Hacienda Pública española, entre 2005 y 2011, por falsedad documental y blanqueo de capitales, así como contra su madre, M. E. F., por blanqueo, y contra A. P. U. A., por delito contra la Hacienda pública como responsable de la empresa Negóbiter, radicada en Vitoria y especializada en gestión tributaria, para quienes la Fiscalía solicita 23, 14 y 6 años de prisión, respectivamente.
El presidente de la Sala suspendió la vista tras la exposición de cuestiones previas tras plantear letrados de la defensa que la causa debe juzgarla la Audiencia Nacional. También cuestiones de dilaciones indebidas, prescripción, posible nulidad y se pidió la admisión de nuevas pruebas.
Suspendió el presidente de la Sala la vista para estudiar dichas cuestiones, que pidió que se presenten por escrito en el plazo de una semana, así como la posible celebración del juicio en la primera quincena de febrero del 2021.
LOS HECHOS / Los hechos, según la Fiscalía, consistieron en que A. M. F. ciudadana portuguesa, a través de sociedades que controlaba en Portugal --A. M. Higiene e Limpeza, Sociedade Unipessoal Lda, interalbsa Lda. y Estruturalba Lda., «solicitó y obtuvo mendazmente de la Hacienda española devoluciones por IVA soportado por sujetos no establecidos en territorio nacional, durante los ejercicios de 2005 a 2011, por un montante de 8.805.875,31 euros».
Según el fiscal, «a tales fines ilícitos generó facturas falsas por adquisiciones o supuestos servicios prestados en España por sus empresas, y utilizando membretes y nombres comerciales de hasta tres empresas españolas, del sector de alimentación. Si bien, «ninguna de estas reconoce la emisión y conceptos de dichas facturas».
Así, en el ejercicio 2011, «se solicitaron devoluciones del IVA a empresarios no establecidos en territorio nacional, por 663.523,20 euros, no ordenando la Agencia Tributaria dichas ilícitas devoluciones merced a las investigaciones de la ONIF, Fiscalía y Juzgado».
Aunque la normativa que regía dicha devoluciones exime a los sujetos pasivos establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea --como el caso de las empresas de la acusada-- de la obligación de nombrar un representante en España, e incluso siendo posible desde el 1 de enero de 2010 la presentación de solicitudes de devolución por vía telemática, «para tramitar dichas mendaces solicitudes y devoluciones A. M. F. contó en todos los casos, y exclusivamente, con la cooperación de la empresa Negóbister S. L., radicada en Vitoria y especializada en este tipo de gestiones».
La dirección de dicha empresa en ese periodo la ejerció el acusado A. P. U. A., «logrando para su empresa 533.735,60 euros en comisiones entre 2005 y 2011, en relación a las citadas empresas controladas por A. M. F.». Y hasta finales de 2008, «Negóbister anticipó a la coacusada los importes de dichas devoluciones, y no obstante las actuaciones de comprobación tributaria realizadas por la hacienda Foral vasca y los requerimientos de la Administración tributaria en 2010 y 2011 acerca de las empresas de A. M. F., mantuvo el mecanismo de solicitudes y devoluciones ilícitas de IVA».
Así mismo, según la Fiscalía, A. M. F. empleó las cantidades «ilícitamente obtenidas en la adquisición de obras de arte y mobiliario en Portugal, y para el proyecto de construcción de un lujoso chalet en Sao Pedro e Sao Tiago, inmueble que para ocultar el ilícito origen de financiación puso --con conocimiento de ello y consentimiento por parte de ésta-- a nombre de su madre, la también acusada M. E. F., la cual colaboró con su hija en la ocultación y transmisión de las cantidades a la hacienda española».
Cabe recordar que A. M. F. estuvo en prisión de diciembre de 2011 a diciembre de 2013.
