Piden la nulidad de la causa por la aprehensión de 183 kilos de cocaína

El juicio, que ya se suspendió el 27 de enero, contó con la presencia de una traductora de polaco, dado que tres de los acusados son de esta nacionalidad, que responden a las iniciales J. P.; D. P. y P. P.; además de uno colombiano, E. M. S. V.; y otro español, J. O. V. G., de los que los tres primeros y el quinto se encuentran en situación de prisión provisional por esta causa.

Los letrados defensores, que asumieron todas las cuestiones planteadas por cada uno de ellos, además de solicitar nuevas pruebas y la declaración de policías portugueses que intervinieron en el caso, pidieron la nulidad de las actuaciones por considerar que se conculcan garantías de los acusados, su derecho a la defensa, el principio de contradicción, por la negativa a practicar otras pruebas por el Juzgado de Instrucción y por vulnerar el derecho a ser juzgado por el juez determinado por la ley.

Consideraron que la causa que se juzga en la Audiencia tiene su origen en un procedimiento iniciado en Portugal, del que no tienen la documentación completa y del que desconocen los pormenores, lo que, según explicaron, vulnera el derecho a una defensa efectiva de sus representados. También plantearon que se que no se hizo una inspección ocular en el lugar y en el momento de la aprehensión, así como que se vulneró la tutela de la cadena de custodia.

El tribunal paró el juicio para estudiar las cuestiones planteadas y al retornar a la sala pidió a los letrados que las presenten por escrito en un plazo de diez días, para estudiarlas detenidamente, dada la complejidad de las mismas, señalando la continuidad de la vista para la primera semana de julio.

Francisco García Pastor, abogado de dos de los acusados, explicó al término de la vista, que «si todo el mundo tiene derecho a una defensa con todas las garantías, la primera garantía es tener toda la documentación correspondiente a la causa. Como el propio atestado de la policía dice que este procedimiento se inicia por una causa de Portugal, de la cual no tenemos copia, sino solo fotocopias aisladas, pues necesitamos tenerla completa para ver si se ha respetado la ley y los derechos de los acusados, por eso la Sala ha suspendido, acertadamente, para estudiar esas cuestiones previas».

También explicó que «según una nota de la Fiscalía de Colombia, se trata de una entrega controlada por las propias autoridades de ese país, por la DEA (Agencia para el control de drogas americana), las autoridades portuguesas y españolas; y nosotros de eso no tenemos nada». García Pastor afirmó que «necesitaríamos tener la documentación para ver si se han respetado los derechos de las personas que han sido intervenidas».

El abogado insiste en que necesitan saber «si se han realizado escuchas telefónicas, si se han realizado registros domiciliarios, hechos que necesitan autorización judicial, y esas autorizaciones tienen que estar motivadas».

Cuando el abogado habla de una entrega controlada se refiere a que «tenemos sospechas de que en territorio portugués hubo un agente infiltrado que es el que cargaba el material. Y ya no puedo hablar más». dijo. Desde su punto de vista, «la causa debe llevarse en la Audiencia Nacional», Y aclaró que «ya en fase de instrucción se solicitó y se nos denegó».

HECHOS / Los hechos que se juzgan, según la Fiscalía de Badajoz, ocurrieron cuando la policía española, cerca de Caya, interceptó un camión que, conducido por J. P., procedente de Lisboa y con destino Madrid, transportaba la droga «camuflada entre planchas de corcho». También se interceptó un turismo Audi en una gasolinera de la Ex-100, en el que iban D. P. como conductor y P. P. como acompañante, «que realizaba labores de contravigilancia». Esa misma tarde se detuvo en Madrid a E. S. V y a J. O. V. G., que habían hecho ya el trayecto con el mismo fin.

El grupo «se había reunido los días 22 y 23 en Lisboa, donde se había preparado la carga por terceras personas» para el viaje, con escala en Évora, el día 23, desde donde viajaron hasta España por la frontera de Caya.

Asimismo, indica el escrito de la Fiscalía que «los seguimientos y vigilancias de las personas referidas tienen su origen en una investigación de las autoridades portuguesas, en el marco de un procedimiento judicial específico, quienes habían solicitado de la policía española la pertinente cooperación internacional, que dio lugar a la actuación».

Así, el Ministerio Público solicita en sus conclusiones provisionales 9 años de prisión para cada uno de los acusados -8 por el delito contra la salud pública y 1 por integración en grupo criminal, además de una multa de 6.949.885 euros.