La Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, en una reunión, ayer, presidida por el presidente de la Audiencia de Badajoz, Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona, abordó «la conveniencia o no» de reformar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa la obligación de declarar a «los parientes del procesado en líneas directa hasta el segundo grado civil».
La comisión señaló que esa dispensa hace que 11% por ciento de las víctimas de este delito se acoja a su derecho a no declarar contra el acusado. Por ello plantean «si convendría o no reformar dicho artículo».
La comisión se se constituyó el 1 de abril del año pasado y está formada, además de por la Audiencia, por la Delegación de Gobierno, Ayuntamiento de Badajoz, Fiscalía Provincial, Guardia Civil, Policía Nacional y el Instituto de la Mujer de Extremadura entre otros.
Su constitución fue por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, el cual fue ratificado en Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Asímismo, la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género mantiene reuniones periódicas en las que cada administración y organismo aporta su trabajo en prevención de delitos de violencia de género para que haya una mayor coordinación.
