El arrendamiento temporal de Carcesa, con posibilidad de compra, por parte de la Sociedad Gestora de Industrias Agroalimentarias SL supone un brillo de esperanza entre los trabajadores de la industria aunque no es la solución porque no les garantiza un futuro estable. Este es el sentir unánime de los empleados de la factoría de Carcesa en Mérida --dedicada a la producción de paté Apis, magro de cerdo o callos de vacuno-- que han sido consultados por este diario. El cambio en la gestión de Carcesa --que pasa a manos de la citada sociedad formada por la cooperativa Acopaex, Tomates del Guadiana y Avante (de capital público)-- ha sido bien acogido por las fuerzas políticas IU y PP, si bien echan en falta conocer todos los detalles de la operación. El líder del PP, José Antonio Monago, afirma "no disponer de ninguna información de lo que se ha hecho" y su homólogo en IU, Pedro Escobar, aplaude la intervención de los poderes públicos en la economía para salvar el empleo. En cualquier caso, el anuncio de la inyección de entre cuatro y seis millones de euros para la compra de materia prima genera cierto optimismo porque implica la reactivación de la actividad en las tres plantas de la región (Montijo, Don Benito y Mérida). "La situación está muy mal pero ayer nos dieron un poco de esperanza", indica Manuel Barrera González. "El problema es que no llega materia prima porque no hay dinero", explica, lo que ha provocado un descenso de la actividad desde marzo.

Ahora trabajan "dos días por semana" pero ha habido momentos en los que se han visto obligados a cogerse "vacaciones porque no había nada". Natural de Calamonte, tiene 58 años y empezó a trabajar en Carcesa en el 1969. Del sacrificio de animales pasó a control de proceso, donde lleva empleado los últimos 30 años. En todo este tiempo, "la empresa ha evolucionado mucho tanto para bien como para mal". Así, la mecanización y modernización de las líneas ha facilitado el día a día pero se han ido perdiendo puestos de trabajo. Ahora apenas quedan un centenar de trabajadores frente al millar de personas que hubo en sus inicios.

Mucho ha cambiado la situación de la empresa desde entonces, entre otras cosas, fue comprada por la familia Ruiz Mateos en 2008 que declaró el concurso de acreedores voluntario el pasado mes de marzo. A Juan Antonio Caballero Tena, de 23 años, le ha tocado vivir esta última etapa y asegura que "es una experiencia que no se la deseo a nadie". Ahora albergan cierto optimismo pero insisten que esta no es la solución que necesariamente pasa por garantizarles "un trabajo y futuro estable, que hoy por hoy es incierto".

Los trabajadores niegan que haya un ERE encubierto, como apuntó el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz. "No sabemos lo que puede ocurrir la próxima semana pero a día de hoy estamos toda la plantilla", precisa Caballero, quien desmiente también que estén cobrando menos. No perciben el salario en tiempo y forma porque los administradores concursales acordaron fijar "un calendario con un pago fraccionado de las nóminas: dos pagos de 50 o cuatro de 25, en función del dinero que haya".