Podemos mostró ayer su convencimiento de que en el edificio del antiguo Hospital Provincial San Sebastián, una vez rehabilitado, pueden convivir sin problemas la Escuela Oficial de Idiomas y la residencia de mayores «tan necesaria» para la ciudad.

El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, señaló, tras una reunión con los concejales de Podemos Recuperar Badajoz, que el edificio tiene «espacio suficiente» para ambos proyectos, pero que ni la Junta de Extremadura ni el ayuntamiento se muestran hoy «dispuestos» a atender la demanda de la población en favor de una residencia de mayores. «El consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles, dice que hace falta un informe técnico, pues que lo busque, ya que es una cuestión de voluntad política», reclamó Jaén.

En este sentido, recordó que Podemos Recuperar Badajoz lleva a cabo propuestas en este sentido desde octubre de 2015, pero no son atendidas ni por Vergeles ni por el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso. Para Álvaro Jaén, si la Junta de Extremadura reconoce la necesidad de 200 nuevas plazas sociosanitarias en la ciudad y de que es fundamental la ampliación de la residencia de la Granadilla, no hay razón para que se desestime el Hospital Provincial para este uso.

Por su parte, el portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, dudó de que el millón de euros previsto en los presupuestos provinciales del 2018 para la rehabilitación definitiva y puesta en marcha del hospital provincial sea «suficiente». «Los últimos edificios nuevos o rehabilitados en el ámbito provincial, mucho más pequeños que el hospital provincial han costado por encima de los cinco millones de euros, con un millón solo se podrá hacer la demolición de parte del inmueble, sin poderse ver nada construido en la primera fase», justificó. En este sentido, consideró fundamental la aportación e impulso de la Junta.

Durante la reunión entre Álvaro Jaén y los ediles de Podemos en Badajoz también se ha hablado de la «carencia» de trabajadores sociales en la ciudad, que por ley deberían ser medio centenar, frente a los 18 existentes en la actualidad, lo que «dificulta» el acceso de los ciudadanos a las ayudas de las administraciones, según esta formación.