Desde noviembre del 2012, en este último año, la Policía Local de Badajoz ha puesto 25 denuncias con cargo a la ordenanza que prohíbe la oferta y demanda de servicios sexuales en espacios públicos. De estas 25 denuncias, se han iniciado 14 expedientes: 8 han sido a la misma persona, una mujer. Otras 2 a hombres que ofrecían sus servicios y 4 multas a clientes. Las 11 restantes están pendientes de la apertura del expediente y son todas por ejercer la prostitución; 3 se corresponden con la misma persona. Las denuncias han sido la mayoría en Joaquín Costa y algunas en Puerta Palmas y Manuel Rojas.
Han transcurrido dos años desde la entrada en vigor de esta ordenanza y la concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, se muestra convencida de que se han conseguido los objetivos que se buscaban, pues aunque el ayuntamiento no puede erradicar esta práctica, pues no es de su competencia, sí puede impedirla en la vía pública y aunque se sigue ejerciendo y solicitando y de hecho se continúa multando, no ha vuelto a recibir quejas de vecinos por las molestias de esta actividad.
"La ordenanza lo que regula es la utilización del espacio público", recalca Gómez de la Peña, quien recuerda que si el ayuntamiento tomó esta medida fue por los problemas en Joaquín Costa y su entorno "y lo único que podíamos hacer era regular la utilización de ese espacio, por supuesto que no se ha erradicado, ojalá terminase, pero el grave problema que sufrían los vecinos sí ha desaparecido". De hecho asegura que ninguno ha vuelto a dirigirse al consistorio. Sí es consciente de que "esporádicamente" se producen denuncias de la Policía Local de hombres y de mujeres que ofrecen servicios, aunque "han disminuido bastante" las sanciones a personas que demandan servicios sexuales, no solo porque es más difícil denunciarlos, ya que si están en un vehículo cuando ven a la policía aceleran y no se les puede identificar, sino porque saben que pueden ser sancionados.
Respecto a las multas, Gómez de la Peña reconoce la dificultad de que se hagan efectivas, ya que los que ejercen la prostitución no tienen un domicilio fijo. Tan solo una mujer de nacionalidad rumana aceptó acogerse a un programa de reeducación a cambio de no pagar la sanción y siguió un programa de alfabetización del equipo Solidaridad, en el primer año de aplicación.
La concejala apunta que antes de que existiese esta ordenanza, la Policía Local carecía de capacidad para poner coto al ofrecimiento de servicios sexuales en la calle pero con esta regulación ya puede actuar. "La ordenanza ha cumplido el objetivo con el que se hizo: se ha atendido la demanda de los vecinos y la Policía Local tiene una herramienta para poder actuar". De cualquier modo, Badajoz es una ciudad donde no existe "un grave problema de prostitución en la vía pública ni tampoco en edificios", defiende Gómez de la Peña, que es consciente de que esta actividad se puede estar ejerciendo en pisos, donde el ayuntamiento no puede intervenir.
