Decepcionados se mostraron el concejal socialista Miguel Angel Segovia y el portavoz del grupo de IU, Felipe Cabezas, con la decisión del equipo de gobierno de llevar a pleno la nueva ordenanza de Policía Urbana, que consideran "represiva" y con fines "recaudatorios". "Ha sido una sorpresa porque se estaba consensuando la propuesta y de pronto, aparece en el pleno; luego no pidan comprensión porque la lealtad institucional debe estar en la oposición y en el gobierno", afirmó Segovia cuando llegó el punto 9 del orden del día del pleno municipal celebrado ayer.

"El objetivo era renovar la antigua ordenanza, pero consiguen volver atrás en el tiempo y veremos si no tienen problemas con Protección de Datos. Es represiva --la ordenanza-- pues pretenden prohibir acampadas como las del 15-M, y los casos de ruido en domicilios ya están regulados", afirmó el concejal socialista antes de anunciar su voto negativo a dicho punto. Y consideró que la norma generará "conflictos entre vecinos y entre propietarios de pisos e inquilinos", dijo.

Cabezas criticó "el fondo y la forma; la forma, porque yo me creí lo que dijo el alcalde en su investidura cuando tendió la mano a los grupos de la oposición, pero tras dos reuniones para negociar, se retiran y la traen al pleno. Y en el fondo, porque incrementan las multas, prohíben acampadas, que no sé ya qué espacios dejarán para protestar y manifestarse".

El portavoz popular, Alberto Astorga, quiso "dar un tono de normalidad frente a la demagogia" y señaló que "se les presentó a ustedes el borrador y me encontré con un magnífico trabajo de IU, y con nada del PSOE; no lo había leído --el borrador-- el señor Segovia, y pidió en la comisión que se leyeran todos los puntos, uno a uno".

Explicó que la ordenanza pretende recoger conductas como los 'minibotellones' con coches y con música en espacios públicos, fiestas en domicilio, obligar a que los locales a cerrar las puertas y ventanas, o regular el 'cigarrón'. "Se intenta conciliar el ocio con el descanso de los vecinos", dijo.

Así mismo, negó que la prohibición de asentamientos se haya hecho pensando en protestas como las del 15-M, sino "para los campamentos que vienen con niños pequeños y con animales a las afueras de la ciudad. No hemos pensado en el 15-M y les recuerdo que quien los desalojó en la ciudad fue la delegada del Gobierno, socialista".

Sobre la cuantía de las multas, que oscilan entre 200 y hasta 750 euros por ruidos en la calle, en domicilios o en locales, Segovia se refirió a supuestos como poner una manta en los jardines de la Alcazaba, que los niños llenen globos de agua en las fuentes, o regar plantas fuera de hora.

Astorga respondió que se trata de que las sanciones sean coercitivas, dado que en algunos casos, resulta rentable pagarlas y mantener la misma actitud.

La oposición ya anunció, en el caso de IU, que pedirán a los colectivos sociales que presenten alegaciones, aparte de las que lleven los propios grupos políticos.

Otro punto que suscitó debate entre los grupos fue la disolución de la Universidad Popular de Badajoz (UPB) como organismo autónomo para convertirse en un servicio de la Concejalía de Empleo, con el fin de aglutinar las acciones en favor del emprendimiento, según la concejala de Empleo. IU votó en contra y el PSOE se abstuvo.