El grupo municipal del PP va a defender en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Badajoz, que se celebra mañana, una moción en la que espera contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas, para reclamar a la Junta de Extremadura modificaciones en el decreto que regula el Plan de Empleo Social, firmado entre el Gobierno regional y las diputaciones, por el que corresponden a Badajoz 243 contratos de 6 meses para desempleados de larga duración, en dos convocatorias, financiados con 1,5 millones de euros, a los que el ayuntamiento añadirá otro millón más para equiparar los salarios a los contemplados en su convenio.

Entre los principales cambios que el PP propugna para que sea un plan «más garantista», según defendió ayer la concejala de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, está que se elimine la «discriminación social» que los populares creen que se produce, dado que no permite el acceso a estos empleos a quienes reciben algún tipo de prestación, salvo la Renta Básica. «Pedimos a la Junta que con dinero público no aumente la discriminación», defendió. Como ejemplo, la concejala mencionó que hay desempleados que no podrán aspirar a estas plazas porque perciben una prestación de 250 euros al mes «y con eso tienen que mantener a su familia, eso es discriminatorio».

El texto de la moción es un documento tipo que el PP está presentando en los ayuntamientos tras la reunión infructuosa mantenida con la Dirección General de Empleo, en la que no se atendieron las demandas de ayuntamientos que detectaron «imprecisiones y problemas en la ejecución del objeto de estas subvenciones», tras la finalización de la primera convocatoria del Plan de Empleo Social. Según Villalba, la respuesta de la Junta fue «que ya estaba suficientemente debatido y que a lo mejor a la larga lo tendrán en consideración». Pero el equipo de gobierno local quiere que estos cambios se apliquen en la siguiente convocatoria, que está próxima, dado que los contratos deben estar firmados antes de que termine el año.

La concejala de Recursos Humanos reclamó un plan «más justo», en el que «realmente se involucre el Servicio Público Extremeño de Empleo» y en el que «se respete la autonomía local». En la moción se rechaza que la cuantía de la subvención sea de 6.000 euros por puesto, pues obliga a los municipios a realizar un gran esfuerzo económico y se fomenta la precariedad laboral. También se pide una preselección de candidatos desde el Sexpe y que los ayuntamientos realicen una mínima prueba de adecuación al puesto de trabajo. Por último, no comparten la fijación temporal de los contratos en dos periodos diferenciados pues proponen que podrían estar vigentes toda la convocatoria.

A pesar de todos estos desacuerdos con el decreto regulador, el Ayuntamiento de Badajoz no va a rechazar la subvención «porque supone una mayor empleabilidad». H