La diputada del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Herrera, denunció ayer la falta de seguridad y personal en el centro de menores Marcelo Nessi y solicitó el cese de su director, Francisco Gómez, por la situación "caótica y deplorable" que se vive en las instalaciones.
Estas críticas se suman a las del sindicato CSI-CSIF, que aseguró, tras la agresión sufrida por una cuidadora, que los vigilantes no pueden garantizar la seguridad de los internos ni de los trabajadores porque el número de efectivos es "insuficiente".
La Junta respondió ayer a ambos a través de un comunicado asegurando que el centro de menores "cumple con todas las medidas de seguridad" y que la Dirección General de Infancia y Familias no ha recibido quejas por parte de ningún trabajador.
En su intervención ante la prensa, Cristina Herrera señaló que el centro carece de personal suficiente para atender a los 42 internos que actualmente residen en él, lo que, según dijo, provoca problemas de inseguridad porque "muchas veces hay un solo vigilante para atender a 10 o 12 personas". Añadió que esto motiva que los educadores "apenas bajen a los módulos" y sean los cuidadores los que deben realizar otras funciones que no les corresponden, haciendo frente a amenazas e insultos. Asimismo, la diputada criticó el mal estado de las instalaciones mostrando fotografías, que la comida que se sirve es "escasa" y "de baja calidad" y que no existe "control" sobre las actividades que realizan los internos para favorecer su reinserción.
Herrera indicó que prepara una visita al centro junto a otros diputados de la Comisión de Igualdad y Empleo y que preguntará en el próximo pleno de la Asamblea por qué no hay dinero en los presupuestos del 2008 para construir los nuevos centros de menores anunciados hace dos años para Badajoz y Cáceres.
Por su parte, la Junta recordó que en el centro de menores trabajan ocho vigilantes en el turno de mañana, nueve en el de tarde y cuatro por las noches, además de los encargados de controlar las puertas de acceso y los monitores de seguridad, que dependen de una empresa contratada por la Administración regional y que, recordó a CSIF- CSIF, es a la que deben reclamar el incentivo económico que reconozca la labor que realizan, y no a la Junta.
Infancia y Familias mostró su intención de reunirse con la empresa responsable de la seguridad para asegurarse "del cumplimiento del contrato que tiene firmado con la Administración" pues, según señaló en el comunicado, su "máxima prioridad" es el bienestar de los internos.
