Durante el proceso seguido en Badajoz, se ha citado en ocasiones lo ocurrido con el teatro romano de Sagunto, en Valencia. En el caso de Sagunto, existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 1993 que obliga a la Generalitat a derribar la reforma acometida en este Monumento Nacional. En 1988 la Consejería de Cultura aprobó un proyecto para recuperar este teatro, en estado ruinoso, para que se pudiese volver a utilizar como teatro, pero la Ley de Patrimonio Histórico prohibía la reconstrucción. El abogado y exdiputado del PP Juan Marco Molines inició el proceso judicial para la reversión. El derribo todavía no se ha realizado y está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva de forma inminente para que la sala que sentenció confirme cómo y cuándo se debe ejecutar.
Este diario habló ayer con Juan Marco Molines para exponerle el caso de Badajoz y apuntó que es difícil evadir la sentencia. El abogado comentó que la ley establece un procedimiento para cuando una sentencia sea física o legalmente imposible de ejecutar, pero considera que es "rarísimo", que nunca prospera y establece un plazo de dos meses que, en el caso de Badajoz, ya habría transcurrido.
