TLta Plataforma para la Rehabilitación de la Alcazaba se quejó hace semanas, con razón, por la destrucción de una inscripción grabada sobre el antiguo revestimiento, ya restaurado , del flanco oriental de la muralla. Como respuesta, uno de los directores del proyecto dio una explicación al suceso no sólo poco convincente, sino que pone en tela de juicio, a mi ignorante parecer, el respeto con el que algunos técnicos tratan a los ciudadanos que piden se les aclaren ciertos hechos.
Dígase de antemano que la inscripción era visible, conocida, y su valor residía en la circunstancia de aportar una fecha para datar unas obras antiguas. Su contenido no era fundamental, pero, por su notoriedad y por poder prevenirse su desaparición, debiera haberse conservado. Me extraña que el total de la obra se parase porque el arqueólogo restante estuviese de vacaciones. ¿Desde cuándo una empresa constructora detiene su actividad por vacaciones de un técnico y, menos, de un arqueólogo? Si el epígrafe se destruyó sin arqueólogo, malo. Negligencia de la empresa o de la dirección facultativa. Si había arqueólogo --que no creo--, peor. Entonces la falta es de éste. En cualquiera de ambos casos debieran exigirse responsabilidades.
Pero hay más. Si el soporte estaba muy degradado, el material del muro muy meteorizado, debiera haberse llamado a un técnico en restauración. Un proyecto serio necesitaría tener uno a mano. O saber buscarlo. Se consolida el soporte, se retira la inscripción y, luego, se repone o se pasa al Museo Arqueológico.
Pero, claro, tenemos el problema del presupuesto; de las bajas y todo eso. ¿Cómo Fomento, o Vivienda, hacen un proyecto sin prever la presencia, aunque sea ocasional, de un restaurador? Aunque, pensándolo bien y teniendo en cuenta que la alcazaba es un parque consolidado, con especies vegetales y animales protegidas, y la rehabilitación carece de proyecto de impacto ambiental, cualquier cosa es posible. Hay muchas preguntas que hacerle al ministerio y a las comisiones técnicas que dieron su conformidad. A la Subdelegación del Gobierno, que hacía de voz de su amo. Y a la anterior Dirección General de Patrimonio, que nunca se mojó en algunos problemas de su competencia. Y, por cierto, a alguna empresa emeritense de arqueología, tan inocente.
