Las dos empresas que hace varios años iniciaron el expediente para la construcción de Viviendas de Protección Oficial en La Pilara y detrás del hospital Infanta Cristina, cerca de Ifeba, están en estos momentos sopesando qué porcentaje de cada una de las promociones podrían ofertar a 60.000 euros, tal como les exige la Junta de Extremadura, para aprobar el expediente de recalificación de los terrenos en los que se asientan.
La Consejería de Fomento está en estos momentos negociando con Urvicasa, responsable de la promoción de 754 viviendas en La Pilara, en la carretera de Madrid, y con la constructora González y Paz, que proyecta 800 viviendas en terrenos que inicialmente estaban destinados a la expansión del campus universitario. Todas estas viviendas eran desde un principio de protección oficial.
REQUISITO Según la Junta, ambas actuaciones se empezaron a tramitar con módulos mucho más bajos de lo que está actualmente la vivienda, y si estos empresarios quieren que la Junta dé luz verde a ambas promociones, deberán incluir un porcentaje de pisos a 60.000 euros, destinados a familias con ingresos inferiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional. El precio de estas viviendas (de 80 metros cuadrados, con garaje) es inferior a las viviendas de protección oficial de régimen especial.
El plan de la Junta también prevé la figura de las llamadas viviendas medias, en las que el precio es de 907 euros el metro cuadrado, por encima del precio de las VPO, con las que se podría compensar el porcentaje de pisos a menor precio.
El problema que se plantea en La Pilara es que el proyecto contempla menor densidad edificatoria debido a la complejidad del terreno, por lo que no puede asemejarse con otras operaciones.
En el caso de las 800 viviendas detrás del Infanta, la Universidad ya ha renunciado a estos terrenos, según el acuerdo adoptado el pasado mes de marzo.
