Mientras toma una decisión la jueza que lleva el caso del edificio de la calle De Gabriel que desde agosto funciona como Centro Social Okupado (CSO) La Brecha, el propietario pretende que como medida cautelar se proceda al desalojo por el riesgo de derrumbe que pudiera presentar el inmueble, cuyo derribo ya se inició hace meses y se paralizó a raíz de la okupación .
La promotora Cosacha es la propietaria de este edificio, cuyo derribo estaba previsto para finales de mayo. Según explicó ayer el responsable de la empresa, se inició, pero tuvo que pararse porque la eliminación de las uralitas requiere un procedimiento especial. Entretanto, en agosto, los vecinos de la calle De Gabriel les informaron de que alguien había entrado. Esta situación les ha provocado "perjuicios económicos", porque a estas alturas del año ya tenía que estar derribado para edificar viviendas. Habían llegado a un acuerdo con otra obra contigua para acometer el derribo de forma conjunta, pero como el edificio estaba "habitado" el solar de al lado sí pudo vaciarse, aunque buena parte del derribo tuvo que hacerse de forma manual, para no afectar al okupado , lo que ha encarecido la operación.
Aseguran que quien entró en el inmueble quitó la cerradura y la sustituyó por otra. Ante la situación creada, pusieron una denuncia en la Policía Nacional, que identificó a los jóvenes ahora imputados por usurpación y que, según los propietarios, no solo utilizan el edificio para reuniones, sino que "viven allí".
Los dueños aducen que los han denunciado por dos razones. En primer lugar, por allanamiento, "porque se han metido en una casa que no es de ellos" y, además, "porque habíamos comenzado el derribo y podía haber un problema de seguridad", pues el edificio no reúne condiciones.
EN EL JUZGADO Ayer prestaron declaración en el juzgado de instrucción número 4 de Badajoz cuatro jóvenes imputados por un delito de usurpación relacionado con este CSO. El responsable de Cosacha aseguró a este diario que el abogado ha presentado el escrito de medidas cautelares, del que sin embargo no tenía conocimiento el letrado que representa a los cuatro imputados, Adrián Rodríguez, a quien no le sorprendió que este sea el proceder de los dueños del inmueble, pero entiende que la jueza no las acepte porque primero tiene que decidir si existe el problema y la responsabilidad de los imputados.
A la audiencia acudieron, para acompañar a sus compañeros, una veintena de personas vinculadas al 15M que, emulando a Fuenteovejuna , se autoinculpaban con pancartas de ser usuarios del centro social, como lo son los cinco imputados (uno no compareció). Según su abogado, "no son ciertos los hechos de los que se les acusa tal como están expuestos" porque "no se cumple el tipo de usurpación".
La defensa basa su argumentación en que estos jóvenes han estado "colaborando" con un "centro social abierto" donde ha habido reuniones del 15M y otras actividades en las que han participado más de 200 personas pero solo han acusado a estos cinco. Entiende además que los imputados no han ocupado este edificio sino que han participado en actividades organizadas en él. De hecho, el abogado señala que hubiera sido más fácil para la policía notificarles la comparecencia en la dirección del centro social y sin embargo les ha llegado a sus viviendas, "porque evidentemente no están ocupando el edificio como tal, es verdad que han podido estar allí, pero como otras 200 personas".
Adrián Rodríguez explicó que la denuncia de la propiedad se basa en que entiende que puede haber riesgo para las personas que estén dentro porque el edificio va a ser demolido y ha sido la Policía Nacional la que ha señalado a estos cinco jóvenes en concreto tras la investigación ordenada por el juzgado. "Nos parece injusto que acusen a cinco personas de la comisión de un delito que realmente no han cometido", insistió.
Según este abogado, estos jóvenes se enfrentan a penas de hasta dos años y medio de prisión. Por otro lado, apuntó que antes de haber llegado a la jurisdicción penal, el denunciante podía haber acudido a un interdicto para recobrar la posesión cuando existe una ocupación ilegal, que es por la vía civil, "y esto no se ha intentado en ningún momento".
