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ÚLTIMO PLENO ORDINARIO DE LA LEGISLATURA EN EL AYUNTAMIENTO

El proyecto de barcos de ocio en el Guadiana se «atasca» en la Junta

El alcalde no descarta acudir al juzgado para reclamar 418.000 euros del Plan de Empleo Social. El ayuntamiento espera desde hace dos años el estudio sobre el plan de gestión de la ZEPA

 

La concejala de Ciudadanos Julia Timón, ayer, durante una de sus intervenciones. - S. GARCÍA

La puesta en marcha de un barco turístico o de ocio en el tramo urbano del Guadiana fue uno de los 61 puntos del acuerdo inicial que el PP alcanzó con Ciudadanos para que el popular Francisco Javier Fragoso fuese alcalde. En mayo del 2016 este periódico publicó que tres empresas habían presentado proyectos en el ayuntamiento para ponerlo en marcha. Pero nunca más se supo. El martes, en el último pleno ordinario de esta legislatura, el concejal de Turismo, Francisco Javier Gutiérrez, explicó los motivos. Según dijo, el proyecto de hacer navegable el río está «atascado» en la Junta de Extremadura, pues desde hace dos años están esperando que se pronuncie el Consejo Asesor de Medio Ambiente (Camaex) sobre la modificación del plan de gestión de la Zona de Especial Protección de Aves (Zepa), imprescindible para iniciar todos los procedimientos.

El debate en el pleno se suscitó por una moción de Ciudadanos, con la que su única concejala, Julia Timón, pedía que se dé inicio al procedimiento para la licitación de servicios de alquiler de embarcaciones de recreo en el Guadiana y se acometan los estudios pertinentes. Se aprobó por unanimidad con algunos cambios. Con esta moción el ayuntamiento insta la Junta a que resuelva los cambios del plan de gestión de la Zepa para permitir la navegabilidad del río. Este plan impone restricciones, como que los barcos no se pueden acercar a menos de 25 metros de las orillas entre el 15 de marzo al 15 de julio, por la estacionalidad de la puesta de huevos, que sería precisamente la época de mayor uso del barco. Tampoco se pueden acercar a las isletas y además hay que estudiar la balimetría (profundidad).

Gutiérrez explicó que «ha habido muchas gestiones». Recordó que la primera reunión tuvo lugar en mayo del 2016 en Mérida entre representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la Junta y el ayuntamiento. Ya entonces se puso de manifiesto la dificultad del consistorio de ser la administración que adjudicara este servicio porque no tenía competencias en el río y el plan de la Zepa depende de la Junta. En octubre del 2016 se aclaró que tenían que presentar una doble solicitud, a la CHG y a la Junta.

PERMISOS ANUALES / Los permisos de la confederación son anuales, lo que restaría viabilidad a cualquier inversión. En febrero del 2017 la CHG dio el visto bueno a ampliar los plazos de la concesión, pero con el estudio de la viabilidad del plan de gestión de la Zepa «y ahí nos atascamos». El Camaex se reunió en junio del 2018 pero no abordó este asunto y en enero del 2019 el ayuntamiento confirmó que tampoco en reuniones posteriores. «El atasco está en la consejería que nos tiene que decir cómo se puede salvar la dificultad de la Zepa», recalcó el concejal.

Según Gutiérrez, en principio no debería haber problemas del azud hacia arriba, pues el entorno más protegido se encuentra en el azud. De todas formas, consideró que el ayuntamiento está en la obligación de defender y proteger una Zepa urbana que no tiene parangón en Europa «y no nos la podemos cargar por poner un barco».

Además de esta moción, el asunto más debatido en el pleno fue la declaración de no disponibilidad de créditos por importe de 418.800 euros, por la ayuda que el ayuntamiento deja de percibir de la Junta para el Plan de Empleo Social por haber reducido la jornada laboral de los contratos al 70%, debido a un cambio de criterio del gobierno regional, como publicó este diario, pues en un informe inicial confirmó que la reducción de la jornada no afectaba a la subvención y posteriormente se contradijo. El ayuntamiento ya anunció el inicio del expediente de responsabilidad patrimonial y el martes el alcalde, Francisco Javier Fragoso, manifestó que se dirigirán «a los juzgados o donde haga falta» para reclamar a la Junta el dinero «que le corresponde a la ciudad de Badajoz». Podemos y Cs se abstuvieron. El voto del PSOE fue favorable y no participó en el debate porque, según el concejal Emilio Pérez, lo que se llevaba al pleno era «un tema estrictamente técnico».