Aunque por la mañana el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, manifestó que no compartía «la amenaza» del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, al decidir que los pueblos que incumplan la Ley de Memoria Histórica no reciban ayudas de la institución provincial (lo que afectaría al poblado de Villafranco y el municipio de Guadiana del Caudillo), Cabezas rectificó posteriormente y aclaró que sí está de acuerdo con la decisión de Gallardo, que interpreta como un «ultimatum» para que los alcaldes cumplan esta ley y aunque entiende que pueda resultar «chocante y fuerte», como responsable político debe velar por que la normativa se aplique. De cualquier modo, dijo que espera que antes de recortar las ayudas ya se haya celebrado la consulta popular para el cambio de denominación.
El PSOE se desmarcó así de la postura del resto de los grupos municipales. El concejal de Ciudadanos Luis García-Borruel defendió que «es una barbaridad» y que los vecinos de Villafranco «no tienen que pagar el pato» de que el alcalde de Badajoz «haya permitido» que se mantenga el nombre. Además, señaló que Gallardo dispone de otros mecanismos para «presionar». Aunque Podemos está a favor de que se cumpla la ley, su portavoz, Remigio Cordero, consideró que con este acto, Gallardo realiza «un alarde de poder y de capacidad de toma de decisiones» que no comparte y aunque la calificación de «dictador» por parte del alcalde sea excesiva, según Cordero, sí denota «un componente autoritario y de dar un puño sobre la mesa», porque «castiga a un pueblo». H
