Hasta el grupo municipal socialista está a favor de que los edificios sanitarios paguen a los ayuntamientos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a pesar de que es la Junta de Extremadura, gobernada por el PSOE, la que pretende la exención, a través del anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma.
El PP, Podemos Recuperar Badajoz y Ciudadanos habían consensuado una moción conjunta para llevar al pleno ordinario celebrado ayer, de la que finalmente resultó una transaccional a la que se sumó el PSOE, que logró incluir en el texto un apartado que su grupo pedía en otra moción propia, por la que se insta al Gobierno central y a las administraciones correspondientes a actualizar el padrón de bienes inmuebles, realizando un censo en Badajoz de todos aquellos que han estado exentos hasta la fecha o han recibido dispensas de cualquier tipo y para analizar los motivos por los cuales no han pagado este impuesto.
El texto finalmente aprobado, al que se sumaron los votos socialistas, denuncia el "subterfugio legal" que ha buscado la Junta para "mermar" los ingresos de los ayuntamientos, reduciendo de este modo su capacidad de prestar servicios, sin que se hayan determinado fórmulas de compensación, al tiempo que señalan que esta medida no sólo es "ilegal", sino que "ataca frontalmente los intereses de nuestro ayuntamiento" y "la autonomía y financiación municipal". Por todo ello, toda la corporación insta a la Junta a que retire este apartado de la ley. De no hacerlo, solicita a los grupos de la Asamblea de Extremadura que la enmienden y, "llegado el caso", autorizan al alcalde a "emprender cuantas acciones legales, administrativas y judiciales fueran necesarias para combatir dicho artículo y que fueran competencia del pleno".
El IBI dio más que hablar a lo largo de la sesión, pero en lo referido al que tienen que pagar los vecinos por la actualización del valor catastral. Podemos Recuperar Badajoz presentó una moción para pedir más facilidades en el pago y el alcalde, Francisco Javier Fragoso, informó de que se tenía que posponer al próximo pleno porque faltaba el informe de fiscalización de la interventora, a pesar de lo cual ya anunció que el límite salarial para poder fraccionar el pago hasta un año se eleva de 1.000 a 1.200 euros. También recordó que se tiene que pedir en el periodo voluntario, cuyo plazo termina el próximo lunes 21. Uno de los afectados intervino al final del pleno para solicitar que se recalcule el tipo de IBI aplicado, a lo que el alcalde replicó que no ha variado y es el 0,76% desde el ejercicio anterior.
