El portavoz del grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Eduardo de Orduña, considera que el hecho de que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) beneficie a terrenos propiedad de la familia política del alcalde, Miguel Celdrán, y al teniente de alcalde Alejandro Ramírez del Molino, podrá ser legal y legítimo "pero no nos parece un concepto ético asumible".
Según denunció ayer Orduña, el avance del PGOU que aprobó el equipo de gobierno incluye la recalificación de terrenos propiedad de la mujer de Celdrán, situados entre La Banasta y Las Vaguadas, que pasan de ser terrenos rústicos a zona residencial, con una densidad de 65 viviendas netas por hectárea.
"Ahora entendemos --añadió Orduña-- que Urbasa, de Sánchez Cuadrado quisiera que se incrementarse la edificabilidad de los terrenos de Las Vaguadas, si se le ha concedido 11,50 viviendas por hectárea, pero luego vienen los terrenos de la familia del alcalde, con 65 viviendas, cómo no van a reclamar un incremento".
El portavoz socialista comentó además sus sospechas de que el nuevo PGOU ya está redactado, pero el equipo de gobierno no quiere aprobarlo en pleno para evitar el "bochorno" de que tanto Ramírez del Molino como el alcalde tengan que inhibirse de la votación, por ser interesados afectados. Según la información del PSOE, esta incompatibilidad viene recogida en la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el apartado de causas objetivas de recusación. Orduña apuntó que para aprobar el nuevo PGOU se requiere mayoría absoluta cualificada. Como el PP tiene 16, al faltar dos le quedarían 14, que todavía son suficientes "pero tienen que responder si hay algún otro concejal afectado, porque entonces no tendrían mayoría absoluta".
El portavoz del grupo Popular, José Antonio Monago, en respuesta a las manifestaciones de Orduña, acusó al concejal socialista de continuar con su "caza de brujas". Monago informó de que el equipo de gobierno ha solicitado un informe de los servicios jurídicos que confirma que no se está incurriendo en ninguna ilegalidad y explicó que para aprobar el PGOU no se tiene que levantar nadie del pleno "porque afecta a toda la ciudad y es casi imposible que no haya un miembro de la corporación que no tenga relación con algún propietario que se vea beneficiado". Caso distinto sería --según el portavoz del PP-- que se tratase de una modificación puntual que afectase a un miembro de la corporación, "pero cuando es un plan general, no se necesita". De lo contrario, Monago señaló que entonces habría que abrir una investigación para determinar "si la abuela de cada uno de los concejales tiene intereses en el nuevo plan y ése es un razonamiento retorcido". Monago también apuntó que el propio Orduña es beneficiario, pues la modificación del PGOU afecta a terrenos propiedad de su abuela y que también él se debería salir del pleno.
SIN AUTORIDAD
En cuanto a la falta de ética de la que hablaba Orduña, Monago se preguntó quién le da al portavoz socialista esa autoridad para tasar la ética. Monago dijo estar convencido de que el nuevo PGOU beneficiará a simpatizantes de todos los grupos políticos y a gente sin adscripción política, "pues afecta a cientos de personas". Sin embargo, Orduña apuntó que cuando el PSOE aprobó el anterior PGOU en 1989, la modificación llegó justo al límite de los terrenos de su familia, y eso que entonces él no ostentaba ningún cargo público. Monago añadió que si se hubiesen modificado "con un criterio lógico" no hubiera habido ningún problema.
El portavoz del PSOE lamentó que con el retraso en la aprobación del PGOU se está poniendo en cuestión la competencia de los trabajadores municipales, "pero sabemos que han recibido directrices políticas", al mismo tiempo que, en opinión de Orduña, se está perjudicando al sector de la construcción. Monago afirmó que la única razón por la que el nuevo PGOU no se lleva a pleno es porque todavía no está preparado el documento.
