Ya denunciaron el proceder del equipo de gobierno en noviembre del año pasado, pero entonces el PSOE solo se refirió a que el ayuntamiento había tenido que pagar 466.000 euros por un exceso de obra en una urbanización que debían haber costeado los propietarios de las parcelas beneficiaras en Las Vaguadas según los datos obtenidos de la Cuenta General del 2011. Entonces los socialistas no se refirieron a que en este lugar viviese el ahora alcalde, Francisco Javier Fragoso, ni que existiesen informes de Urbanismo y de Intervención que cuestionan el proceder de Vías y Obras, área de la que era responsable Fragoso cuando esto sucedió.
Meses después vuelven a sacar el tema, con más datos. El portavoz del grupo municipal socialista regionalista, Celestino Vegas, compareció ayer en rueda de prensa para ampliar esta denuncia y asegurar que el alcalde "ha sido juez y parte" y que se "habría beneficiado presuntamente" "junto a otros familiares suyos y vecinos" de no haber tenido que pagar casi medio millón de euros por urbanizar sus parcelas. Este diario solicitó contrastar estas acusaciones con los responsables del gobierno municipal, pero no obtuvo respuesta.
El expediente referido data de mayo del 2004, cuando se aprobó el proyecto de reparcelación de la zona referida (polígono 1 del SUNP-7). En junio del 2006 se acordó el proyecto de urbanización y las obras se adjudicaron desde Vías y Obras a Gévora Construcciones por 864.000 euros. En abril del 2009 (Fragoso ya era concejal del área) se aprobó la liquidación final y el Servicio de Vías Obras indicó que existía un exceso de obra por valor de 466.000 euros, superior al 50% del presupuesto inicial, aunque la Ley de Contratos del Sector Público establece un límite del 20%.
Cuando el ayuntamiento quiso repercutir este exceso de obra a los vecinos (a quienes se les notificó, entre ellos a Fragoso, según el PSOE), estos alegaron que habían transcurrido más de 5 años desde que se realizó la obra y el consistorio tuvo que asumir esta cuantía --"en detrimento del bolsillo de todos los ciudadanos de Badajoz", según Vegas--, mediante un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, pues no se podía abonar por la vía ordinaria. En este proceso, según puso de manifiesto Vegas, Urbanismo no aceptó la liquidación. Además, en julio del 2011 llegó la factura como certificación final de obra a Intervención, que emitió una nota de reparo afirmando en su informe que "los actos administrativos dictados y gastos ejecutados en el presente expediente se han realizado al margen de cualquier control de legalidad".
Los socialistas se preguntan quién autorizó al constructor esta certificación, porqué y quién asume la responsabilidad de un expediente que se inició con José Antonio Monago como concejal de Vías y Obras y terminó Fragoso.
