Los portavoces municipales del PSOE e IU en el Ayuntamiento de Badajoz, José Ramón Suárez y Manuel Sosa, acusan al equipo de Gobierno local de realizar una “manipulación mediática” al informar sobre una sentencia relativa a los apartahoteles de Golf Guadiana el pasado viernes, “dentro de la jornada de reflexión electoral”, explican.Ese día, el alcalde, Miguel Celdrán, anunció que se exime al ayuntamiento de responsabilidad sobre el cambio de uso del apartotel de Golf Guadiana en “comunidad de vecinos residencial”, informa la agencia Europa Press.Los portavoces de PSOE e IU coinciden en señalar que el ayuntamiento ha "querido vestirse con una aureola de victimismo" ante las sentencias y las denuncias de la oposición relativas a las "irregularidades urbanísticas" en la ciudad, tratando de hacer ver que "el equipo de gobierno está limpio como la patena". En este sentido Suárez dice que esta actitud "está lejos de la realidad", ya que las sentencias judiciales "dan la razón a la oposición", señalando que este caso aún no se conoce sentencia firme del Tsjex, y que la expuesta el pasado viernes por el alcalde "tan solo confirma la sanción económica" impuesta desde la Junta de Extremadura. Para el concejal socialista "las responsabilidades políticas por irregularidades urbanísticas, están respaldadas y demostradas por las sentencias", unas responsabilidad que "se ha afrontado borrando de las listas a determinadas personas", en alusión a la anterior responsable municipal de Urbanismo, Cristina Herrera. Respuesta del equipo de gobiernoPor su parte, el concejal de Urbanismo de Badajoz, Celestino Rodolfo, señala que "la sentencia confirma la sanción que impone la Junta de Extremadura y de ella se desprende que hubo una irregularidad urbanística". Rodolfo añade que se "asume que hubo esa irregularidad urbanística, denunciada y a la postre sancionada", pero que "derivar de ahí responsabilidades penales como ha pretendido el PSOE es lo que entendemos que no es de recibo", ya que, dijo, este partido "presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde, Miguel Celdrán y Cristina Herrera por este caso concreto".
