Los portavoces de los dos grupos municipales de la oposición, José Ramón Suárez, por el PSOE, y Manuel Sosa, por IU, coincidieron ayer en reclamar que el alcalde debe asumir las responsabilidades políticas que se derivan de la operación de venta de una parcela perteneciente a su esposa, que se firmó el mismo día en que el pleno del ayuntamiento aprobaba el aumento de la edificabilidad. Sosa señaló que de este operación se podría desprender trato de favor y tráfico de influencias.
Suárez compareció antes de las declaraciones del alcalde haciéndose eco de las informaciones de la Cadena SER y exigió que el alcalde debe responder si es cierto que el Grupo Popular aprobó un aumento de edificabilidad que afectaba directamente a la familia del alcalde, si por la venta obtuvieron 1, 9 millones de euros y si no se dio cuenta de que la escritura de compraventa se firmaba el mismo día en que se llevaba a pleno. También se pregunta por qué se esperó hasta septiembre del 2003 para tratar este tema en la Comisión de Urbanismo si había entrado en el ayuntamiento en el 2002 y se preguntó si no es porque había elecciones en el 2003 y se esperaron a ganarlas. Suárez también recordó que el alcalde, en unas declaraciones a EL PERIODICO el 24 de diciembre del 2003 afirmaba que la venta del terreno se había hecho dos meses antes, no el 5 de diciembre.
