El Grupo Socialista pasó ayer por el registro del Ayuntamiento de Badajoz un escrito dirigido al alcalde, Miguel Celdrán, para que los servicios jurídicos municipales emprendan acciones legales, "si así lo consideran", para resarcir a los compradores de las viviendas del Fuerte de San Cristóbal por el retraso de las obras, según informó la concejala María de los Angeles Martín de Prado.
La concejala reclamó que debe analizarse si hay razones o "fundamentos" para compensar de los perjuicios a los adjudicatarios, una cuestión que considera de "sentido común". Según ella, se trata de una decisión política que no puede adoptar el Grupo Socialista, pero sí el equipo de gobierno.
En este sentido, Martín de Prado dijo no comprender cómo hace una semana el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, reconocía que existía la posibilidad de emprender acciones legales y luego el alcalde dice en una visita a las viviendas que "aquí no ha pasado nada" y deja abierta la opción a los compradores a que reclamen si encuentran algún defecto. Pero Martín de Prado señala que lo de Rodolfo no tiene nada que ver con este derecho que todos los adjudicatarios tienen.
La edila no comparte que Celdrán elogie la actuación de la Inmobiliaria, porque uno de sus objetivos es precisamente la promoción de viviendas económicas y de protección oficial. "Por lo tanto, está cumpliendo con su obligación y no está haciendo algo que no le corresponda", dijo.
