Viví un tiempo en Mérida, en la avenida de Pitágoras. A los vecinos nos gustaba esa denominación tan singular, de un filósofo reconocido por su contribución a las matemáticas. ¿Quién no conoce que existe el teorema de Pitágoras? Por una decisión unilateral del equipo de gobierno municipal de entonces, se cambió de nombre a esta calle. El PP quería conceder un reconocimiento a un político inmerso en una asunto presuntamente turbio (del que luego fue exculpado) y, de la noche a la mañana, las placas que identificaban la calle con el nombre del sabio griego desaparecieron y en su lugar colocaron las nuevas En un acto de rebeldía e insumisión, un grupo de vecinos salió de sus casas esa misma noche y, con nocturnidad y un martillo, hicieron añicos las baldosas y las sustituyeron por un cartel de cartón con el nombre original de la avenida, con el mismo con el que habían estrenado sus viviendas y habían empezado sus nuevas vidas.

Salvando las distancias, que son kilométricas, es comprensible que muchos vecinos de la pedanía de Villafranco del Guadiana no quieran que se cambie el nombre de su pueblo, vinculado a la historia de sus familias. Quienes defienden que se mantenga la denominación consideran que con la referencia a Franco no hacen exaltación de la dictadura ni del régimen del Caudillo, sino que el nombre está vinculado a la identidad de su localidad, que nació con muchos de ellos, aunque en su origen este añadido significase la patrimonialización por parte de un dictador de los poblados de colonización.

La Ley de Memoria Histórica, aprobada hace diez años, obliga a las administraciones públicas a que tomen las medidas para retirar escudos, insignias, placas o "menciones conmemorativas". En estas dos últimas palabras está la clave del conflicto. En 10 años ninguna administración ha hecho nada para que se cumpla esta ley en la denominación de dos pueblos del Plan Badajoz: Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana. Nadie duda de que ambos nombres contienen referencias al régimen anterior. El primero es el caso más flagrante. Pero tras conseguir su independencia del Ayuntamiento de Badajoz, su alcalde (del PP) consultó a los vecinos si querían que se cambiase el nombre y la respuesta fue negativa. Ahora el ayuntamiento pacense quiere hacer lo propio en Villafranco y convocar una consulta vecinal.

Un abogado de Madrid --a quien el alcalde Francisco Javier Fragoso (del PP) tilda de "socialista", remarcando así que se trata de un conflicto partidista-- ha decidido que ya es hora de que se cumpla la ley con los nombres con los que el Caudillo quiso dejar su impronta en la historia de la toponimia de este país y ha denunciado a ocho alcaldes de cuatro comunidades autónomas. Será por tanto un juez el que decida y determine si la aplicación de la Ley de Memoria Histórica obliga a cambiar de nombre a Villafranco, cuyos vecinos ya han recogido 800 firmas para que no sea así. Su portavoz ha expresado reiteradamente que no están en contra de que la norma se aplique con el fin con el que se aprobó: restituir la memoria de los represaliados.

Pero ellos no creen que por identificarse con el nombre de su pueblo estén haciendo exaltación del franquismo. Es su pueblo: el que aparece en sus documentos de identidad, en sus partidas de nacimiento, en sus escrituras de propiedad, en la publicidad de sus negocios, en su entonación al hablar y los membretes de sus documentos. Es su pueblo y es su historia.