Queda visto para sentencia el juicio de los detenidos en el tiroteo de Gévora

El Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales imputando a ambos acusados, I. S. S., de 29 años y C. F. S., de 20, un delito de detención ilegal por el que solicita 5 años de cárcel para cada uno, pues considera probado que la víctima, una empresario que tenía una nave en Gévora dedicada a la compraventa de vehículos, no entró en el vehículo de sus presuntos agresores por propia voluntad. También cree acreditado el robo con violencia e intimidación (4 años y medio), porque obligaron al dueño de la nave a darle la llave para quedarse con 7.000 euros que había en un coche, aunque de este dinero no se tenga constancia exacta.

El fiscal sin embargo no ha añadido la tenencia ilícita de armas, porque la pistola con la que la víctima asegura que lo amenazaron no apareció, aunque en una bolsa que había en el maletero del Mercedes se detectó la presencia de elementos químicos que demuestran que ocultó un arma que había sido disparada. Sí se ratificó en los delitos de coacciones (dos años de cárcel) y de lesiones (otros dos años más), que además, según el fiscal, fueron "gratuitas", pues señaló que los detenidos continuaron agrediendo al empresario aún después de haberles desvelado dónde tenía escondido el dinero.

Además para I S. S. pide otros 5 meses de prisión por conducir sin carnet, ya que se le había retirado tras perder todos los puntos, y otros 4 años por un delito de atentado, pues está acusado de intentar atropellar a agentes de la Guardia Civil cuando fueron sorprendidos en el polígono de Gévora. Según el fiscal, éste último acusado "hizo caso omiso y arremetió" contra los agentes "desobedeciendo reiteradamente las voces de alto", como testificaron los guardias civiles.

El abogado de la defensa, José María Pedregal Gutiérrez, intentó desmontar los argumentos del Ministerio Fiscal. "¿A quién damos más credibilidad?", preguntó, a la vista de las contradicciones que han salido a la luz en la vista oral, en referencia a la denuncia efectuada por el empresario y la versión de los detenidos. Estos dos aseguraron que fueron recibidos a tiros cuando iban a comprar un vehículo. El abogado pidió una sentencia absolutoria respecto a la mayoría de los delitos, salvo el de seguridad vial, pues I. S. S. no tenía carnet por pérdida de puntos.

Pero en relación a todos los demás, según Pedregal, la lectura de las pruebas que hace el fiscal "no puede ser más desatinada". Sobre el delito de atentado, recalcó que la operación e la Guardia Civil fue "innecesaria" y "desproporcionada", y que la reacción de sus defendidos fue fruto del miedo por el tiroteo que lo sorprendió. Según el abogado, los detenidos "podrían estar muertos", como también criticó que la puerta del polígono no pudo cerrarse porque, como reconoció un guardia civil, una de las hojas chocaba con un tope de cemento. Los agentes que testificaron negaron que acudiesen encapuchados, tres de ellos llevaban chaleco reflectante con el distintivo de la Guardia Civil y el resto antibalas con la placa identificativa. El vehículo recibió cuatro impactos de bala pero solo uno en una rueda, donde apuntaban los agentes.

El abogado quiso desmontar la "historia" de la víctima, pues conocía a uno de los acusados, aunque lo niega y no sería "lógico" que uno de los detenidos dejase su DNI en la gestoría y además volviesen los dos al día siguiente a por el coche al polígono de Gévora. En cuanto a las lesiones, señaló que en todo caso podría ser una falta. Sobre la detención ilegal, calificó que hay una gran diferencia con las coacciones, cuando no se emplea la fuerza física. Respecto al robo, negó que se haya consumado el delito si no se sabe de qué se han apoderado. Por último, el letrado dejó caer si en realidad, todo lo que ocurrió aquellos dos días, "viene por un asunto de drogas".