Al final hay que derribar el llamado cubo de Biblioteconomía. La sentencia del Tribunal Supremo no da opción a más recursos y después de nueve años de litigios, el Alto Tribunal ordena restablecer a su estado original las edificaciones en el interior de la Alcazaba. La sentencia, por tanto, no sólo implica el derribo de ese edificio cuadrado y con ventanales de cristal de cuatro plantas; sino que también se derribará el aulario de la Facultad y se rebajará la cubierta del hospital Militar.Fue la asociación de Amigos de Badajoz la que denunció a mediados del año 2000 que el proyecto, aprobado por la Comisión Provincial de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de Extremadura, "atentaba gravemente contra un edificio protegido y su entorno" como es la Alcazaba. Ahora, nueve años después, la asociación conservacionista ve cumplido su objetivo de velar por el patrimonio cultural y artístico de la ciudad. Porque lo cierto es que el famoso cubo, aunque no sea muy visible, es un auténtico pegote en un valioso enclave patrimonial por cuya rehabilitación se pelean ahora, curiosamente, algunos que dieron el visto bueno al cubo. Pero al margen de la sensibilidad que en el año 1998 se tuvo o no con respecto a la recuperación del patrimonio, o incluso con independencia de la intención de saltarse la ley, que parece demostrada, el problema que surge ahora es mucho más grave que el daño que esta edificación pueda provocar para los ojos de muchos. Y es el dinero que, en plena crisis económica, nos va a costar a los vecinos de Badajoz la chapuza que nuestros políticos han cometido con este proyecto. Tuvo un coste su edificación y ahora tendrá también un coste su derribo. ¿Y quién va a pagar este desaguisado? La pregunta tiene fácil respuesta. Probablemente si el Supremo hubiera ordenado que fueran los responsables de este fiasco los que pagaran de su propio bolsillo los gastos se evitarían muchos cubos en Extremadura.
