Un interno del Centro Penitenciario de Badajoz, de 33 años y natural de Marruecos, inició el día 18 de mayo una huelga de hambre para "reclamar su derecho" a ver a sus padres, según informa la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex), que asegura que el Consulado de España en Nador "deniega constantemente" la autorización.
Los informes médicos del centro, asegura Adhex, dicen que el interno ha perdido siete kilos en los primeros 20 días de huelga y "sólo ingiere agua y alguna infusión azucarada".
Según explicó, su familia, desde Marruecos, ha solicitado "repetidas veces" la pertinente autorización al Consulado de España en Nador, que "les deniega ese visado". En estos momentos Adhex está prestando atención jurídica a la familia del interno, realizando las gestiones necesarias para recurrir la última denegación del permiso de estancia de la familia.
Al respecto, aclaró que el consulado les denegó la autorización de entrada en España alegando que estas personas "no documentaban el objeto de su visita, así como no acreditaban suficientes garantías de retorno a su país de procedencia". Sobre este asunto, el colectivo "constata" que la familia "ha declarado que desean seguir residiendo en Marruecos, donde tienen su fuente de ingresos", en concreto un taxi propiedad de la familia.
Señaló que los familiares han aportado justificantes de que "el motivo de su viaje a España es la visita a su hijo recluso, han demostrado que el Centro Penitenciario ha autorizado dichas visitas, han declarado el lugar donde se alojarán" y "han acreditado los medios económicos suficientes para sufragar su estancia en España". Los familiares también "han aportado los billetes de avión con fechas cerradas de ida y vuelta coincidentes con la fecha autorizada por la prisión para efectuar la visita", según Adhex.
La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura lamentó que "cada vez que esta familia solicita nuevamente el permiso, supone un desembolso de unos 700 euros en gastos de gestión", al tiempo que señaló que "una de las exigencias que se les impone es que dispongan de 3.000 euros por persona para demostrar que tienen medios económicos suficientes para poder entrar en España".
"Para este interno, estos sacrificios económicos son muy difíciles de asumir para su padre (taxista) y su madre (ama de casa)", según el colectivo, que añadió que "ha comprobado" que, por parte del Centro Penitenciario de Badajoz, "se ha facilitado a este interno la documentación necesaria para que su familia pueda acreditar los motivos de su viaje a España y le puedan conceder el visado".
Por último, la asociación señaló que el preso "ya está cumpliendo la pena de privación de libertad impuesta por la legislación, pero se le está vulnerando su derecho a mantener comunicación personal con su familia".
"No entendemos que se esté denegando esta autorización y defendemos que la familia está cumpliendo todos los requisitos exigidos en estos casos, por lo que consideramos que el Consulado puede estar actuando de manera claramente discriminatoria por tratarse de personas procedentes del extranjero", lamentó.
