Los habitantes de la barriada de la Uva, también conocida como Las Ochocientas , deben estar tranquilos porque las modificaciones previstas inicialmente en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no se acometerán sin alcanzar previamente un acuerdo con los vecinos afectados, según recalcó ayer la concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Badajoz, Cristina Herrera, quien insistió en que los vecinos permanecerán "en el mismo sitio" y "con su consentimiento".
La concejala quiso salir al paso de la "alarma social" que se ha generado en la zona, a instancia de colectivos o representantes vecinales que, según dijo, han estado difundiendo información que no se ajusta a las verdaderas pretensiones. Cristina Herrera dijo que los últimos días ha recibido gran cantidad de llamadas de vecinos que le transmiten su preocupación.
Herrera recordó que en esta barriada se mantienen todavía viviendas con el tejado de chapa, graves problemas de urbanización, calles estrechas que impiden la entrada de las ambulancias o los bomberos y las raíces de los árboles están levantando el suelo, incluso de las casas. El origen de este conjunto de viviendas fue provisional y surgió como una Unidad Vecinal de Absorción (de ahí su nombre). El arquitecto del PGOU, Carlos Benito, aseguró ayer que ya no subsisten agrupaciones de casas de este tipo en todo el país. Benito explicó que "la reordenación es a favor de los vecinos y de la calidad urbana de la zona".
PREFERENTE Ante esta situación, en el nuevo plan la barriada se contempla como un Area de Rehabilitación Preferente, que básicamente consiste en su reordenación urbanística y, en este caso, las viviendas unifamiliares se sustituirán por bloques de pisos, para facilitar la accesibilidad, aunque también este extremo se podría estudiar posteriormente, de tal manera que Beníto no descartó la posibilidad de que parte de las viviendas nuevas sean unifamiliares.
De cualquier forma, la actuación requiere un acuerdo entre las administraciones implicadas, la regional y la local, así como el consentimiento de los propietarios para la rehabilitación de la zona. Lo ideal sería llegar a un acuerdo con la totalidad de los afectados, de lo contrario, la rehabilitación del barrio se haría por fases. El objetivo es que sea una operación "integral" que requiere además de los convenios mencionados, estudios sociales, de viviendas y tipologías.
Las nuevas viviendas serán de Protección Oficial, "no de lujo, ni sociales", como al parecer se ha rumoreado y además los habitantes actuales serán realojados en la misma barriada, nunca en otra zona. "El ayuntamiento no va a expropiar nada", insistió la concejala.
NUEVO PLAZO Cristina Herrera informó además de la decisión de ampliar un mes más, hasta el 5 de abril, el plazo de presentación de alegaciones a la revisión del PGOU, ante la petición de numerosos colectivos y particulares. La concejala hizo este anunció un día después de que el concejal de IU, Manuel Sosa, afirmase que la empresa Moleón, propietaria de los terrenos de Hering, había solicitado esta ampliación. Herrera prefirió no responder a este argumento.
Por otro lado, ayer se reunió la Comisión de Urbanismo, que abordó la aprobación por parte de la Junta del cambio de uso de una parcela de 48.900 metros cuadrados en la carretera de Campomayor para instalaciones deportivas y centro social. También la Junta ha aprobado modificar la protección del antiguo Bárbara de Braganza.
Además, la Comisión regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio ha denegado un complejo funerario y tanatorio en el kilómetro 388 de la N-V, cerca de Villafranco, según Herrera.
