La lista de los miembros titulares de la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento de Tesoros Artísticos era larga. Había allí funcionarios titulares del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que habían quedado en zona republicana, entre ellos Alejandro Ferrant, arquitecto de la 1ª Zona Arquitectónica, y su colega José María Rodríguez Cano, quien acababa de llegar a Madrid para hacerse cargo de la 4ª. Antes había sido responsable, desde Córdoba, de la 5ª. La había dejado en manos de Félix Hernández Giménez, quien, por ese motivo, tuvo jurisdicción sobre Badajoz y su alcazaba.

Además de aquéllos dos, formaban parte del citado organismo: Timoteo Pérez Rubio, María Brey Marino, José María Lacarra, Luís Vázquez de Parga y Antonio Rodríguez Rodríguez-Moñino. Y una larguísima relación de auxiliares técnicos -Natividad Gómez- oreno, Diego Angulo Íñiguez, Cayetano de Mergelina- y de voluntarios. De éstos, varios eran estudiantes: Fernando Chueca, Gratiniano Nieto, etc. Todos ellos dirigidos, moralmente, por la prestigiosísima figura de Manuel Gómez-Moreno, ya jubilado de su cátedra de Arqueología Arábiga. El responsable del edificio era Francisco Ordeig Ortenbach. También ayudaba otro estudiante, hijo del último: Francisco Ordeig Pastells.

La dinámica de recogida, catalogación y almacenamiento de obras de arte en la iglesia de San Francisco se veía muy perturbada por la cercanía del frente, apenas en la margen izquierda del río Manzanares, y por los reiterados intentos del mando republicano por, aparentemente, colocar una batería de artillería en los terrenos del convento. Aquello podía derivar en catástrofe si la artillería de los sublevados se dirigía contra aquel punto. Finalmente nada ocurrió; los motivos no están del todo claros. Sin embargo, los órganos del contraespionaje republicano sospecharon que el depósito de obras de arte encubría alguna actividad clandestina. Infiltraron a dos agentes provocadores, que se presentaron ante algunos de los técnicos como simpatizantes de los rebeldes, y comprobaron que una parte del personal era quintacolumnista, activo o pasivo. De ahí la redada que provocó la detención de treinta y ocho personas.