Vecinos y empresarios de Santa Marina alertan de las "nefastas" consecuencias que acarreará a esta barriada el traslado del Palacio de Justicia a otra zona fuera del centro de la ciudad. Por ello, piden a las administraciones que reconsideren la propuesta y busquen otra alternativa, como la que inicialmente barajó el Ministerio de Justicia de adquirir el edificio del antiguo Inem, situado junto a la actual sede de la Audiencia Provincial, para unir todos los órganos judiciales, ahora dispersos en diferentes puntos de la capital pacense.
La primera en dar la voz de alarma ha sido la asociación de vecinos de Santa Marina, cuyo presidente, Francisco Crespo, manifestó ayer que su asociación se opone "frontalmente" al traslado "porque supone un grave quebranto para la economía de Santa Marina y el deterioro del barrio", señaló.
Crespo denunció el "desmantelamiento" de organismos y servicios que viene sufriendo el centro de la ciudad en los últimos años. Primero salió una sección de la Seguridad Social a la zona de la avenida de Elvas; el pasado año se trasladó la Jefatura Provincial de Tráfico a Valdepasillas; también saldrá la biblioteca pública Bartolomé J. Gallardo, y ahora se prevé el traslado de los juzgados a la Ciudad de la Justicia, que se levantará en una de las parcelas solicitadas por el ministerio y cedidas por el ayuntamiento en Caya o en la Ronda Norte de San Roque.
El Ministerio de Justicia decidirá en breve con cual de estas parcelas se queda, aunque el ayuntamiento, que prefería que los juzgados se quedasen en la avenida de Colón, tal y como manifestó recientemente, se ha mostrado a favor de la ubicación en Ronda Norte por tener mejores accesos y por estar más próxima al centro que Caya. Sin embargo, el presidente vecinal responsabiliza al consistorio, que "debería haber defendido a Santa Marina, porque todos sabemos la deuda contraída que tiene con la barriada".
