Han sido seis las alegaciones que se han presentado en el proceso de información pública, tras la aprobación inicial por el pleno municipal de la modificación puntual de ordenación estructural M-OE-1/2020 del Plan General Urbano de Badajoz, para proceder al cambio uso iniciado sobre una parcela de 10.765 metros cuadrados, dentro de la Unidad de Actuación (UA)-9.01, de tipología EA/IV/EHH-EHB, de uso hotelero y de restauración, compatible con sanitario, de 21.530 metros cuadrados de superficie máxima edificable y modificable el 30%, 6.459, con uso hospitalario, que podría llegar al 50% a criterio municipal, previas justificaciones.

Según fuentes de dos de los alegantes, ambos como socios de la Sociedad Clínica Extremeña de Salud, propietaria del hospital cuya gestión está conveniada con Ribera Salud, aunque las alegaciones no son del grupo sanitario, sino a título personal y empresarial, son una de Javier Fernández-Arbaizagoitia Calero, administrador de la sociedad Sagarmina Gas S. L., y otra del presidente de la sociedad propietaria del hospital (SCES), Rafael Álvarez Buiza, quien pregunta «¿Por qué inicia el ayuntamiento el proceso de oficio, sin que haya una demanda concreta, y solo para uso sanitario?».

La Concejalía de Urbanismo, preguntada por las alegaciones, respondió: «Está --el proceso-- en aprobación inicial», sin aportar ningún dato.

Las alegaciones cuestionan por un lado que se destine la parcela solo a uso sanitario, cuando pueden tener interés para otras empresas de la ciudad, de distintos sectores; que la modificación «vulnera el principio de igualdad», y además, que «no responde al interés general».

Según el abogado Fernando Carmona, asesor legal y secretario del consejo de SCES, «en principio se observa que en el planteamiento falta una motivación detallada de la propuesta; lo exige la ley; pues realmente lo que se ha presentado es una mera formalidad». Afirma que «no hay un estudio de detalle riguroso, ¿por qué? Porque está hecho ad hoc, dirigido a un solar concreto en el que se pretende implantar un hospital en una zona de gran densidad de tráfico y servicios que tiene a la ciudad estrangulada».

Añade el letrado que la ciudad está partida por el río y «tenemos el número de puentes que tenemos; modificar un terreno de uso, de hostelero a sanitario, con lo que significa trasladar allí otro hospital; estarán el Universitario, Clínica Extremeña, el nuevo, todos menos el Perpetuo Socorro en la misma zona; condensará más el tráfico en la zona y en los puentes». Y señala que está la zona residencial, el Nevero, la universidad, el hospital, Clínica Extremeña y Caya, por lo que ese cambio debería estar detallado y motivado de forma exhaustiva y con propuesta de soluciones, pero no figuran, ni siquiera un análisis».

El letrado indica que «entiendo que hay una falta de motivación tremenda y en esa misma línea, uno se pregunta por qué únicamente el uso a cambio sanitario y no deportivo, hostelero o cultural? Parece que se rompe el principio de igualdad que debe presidir el tratamiento».

Partiendo de esas dos reflexiones, añade, «en torno a la motivación del cambio, uno termina concluyendo, porque además la propia memoria presentada lo pone como ejemplo, el solar del antiguo Dardy’s, luego Murano, y el interés del grupo Quirón en establecerse allí, uno entiende que es una modificación a la carta. Y otras circunstancias, si uno examina la relación de solares susceptibles de modificación, ninguno se va a modificar, porque todos tienen usos consolidados y solo ese es susceptible de cambio porque está cerrado». Por ello, afirma, «la conclusión es que no responde al interés general, sino al interés de un propietario de un solar y de quien quiere instalar allí un nuevo centro hospitalario. Eso argumentan las alegaciones».

Además, «por lo que sé, el resto tocan puntos de la modificación y la ruptura del principio de igualdad, por qué para unas cosas sí y para otras no», dice Carmona.

La situación actual de esa modificación puntual del Plan General, que fue aprobada de forma provisional, es la de que están en estudio por parte de los técnicos, que deberán informarlas, a favor o en contra, y para ello no tienen un plazo establecido.

Los técnicos que las examinan tendrán que pronunciarse para llevarlas a la Comisión de Urbanismo, donde se aprobarán o rechazarán y la propuesta volverá a pleno, para aprobación definitiva, o no; y una vez que la vote la corporación, se remitirá a la Comisión Regional de Urbanismo de la Junta.