La crisis ha cambiado la tendencia a la baja que se mantuvo hasta el 2008 en cuanto a las solicitudes de tarifa social en el recibo del agua, la recesión hizo que el número de beneficiarios de esta ayuda se duplicara en dos años y en el primer trimestre del 2011 se contabilizaron 560 titulares del servicio acogidos a la misma, una cifra que no ha dejado de crecer paulatinamente.
La última revisión realizada ha llevado a la Junta de Gobierno Local a estudiar 28 nuevas solicitudes presentadas, de las que ha concedido la ayuda en 22 casos, rechazándola en los otros seis. Así lo explicó ayer el teniente de alcalde y delegado de Economía y Hacienda del consistorio pacense, Alberto Astorga.
El concejal afirmó que, "desgraciadamente, ahora hay más usuarios que cumplen los requisitos económicos para tener derecho a la tarifa social, al haber más necesidades".
La tarifa social supone una importante rebaja en los tres conceptos que figuran en el recibo del agua: el agua en sí, la depuración y el canon de infraestructuras. Por los dos primeros, se factura a un céntimo de euro por metro cúbico --mil litros--, cuando la tarifa general factura por lo mismo a 55 céntimos; se reduce también la cuota fija trimestral y, por canon de infraestructuras, se tarifa a 0 euros hasta 30 metros cúbicos de consumo, y a 0,56 a partir de los 31.
Pueden optar a la tarifa social, establecida en el 1990, los usuarios o familias cuyo salario conjunto sea inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que está en 510 euros mensuales.
Por otro lado, la Junta de Gobierno Local dio cuenta de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), a favor del consistorio, que revoca el recurso de un particular ante el Juzgado de lo Contencioso 1 de Badajoz, por una sanción urbanística derivada de una construcción ilegal en la Dehesilla de Calamón. El fallo devuelve la sanción de 14.000 a 36.000, conforme a los criterios de la Ley del Suelo, según Astorga.
También acordó el pago a Endesa de 282.568 euros por el alumbrado público de junio, otro de 4.000 para el modificado del proyecto de restauración de las Casas Mudéjares, 10.600 para iluminación y sonido del festival folclórico en el auditorio y la adquisición de una casa afectada por la riada, en Cerro de Reyes, por 24.200 euros. Además, se desestimó la demanda de una persona que sufrió una caída en la plaza de Minayo, al considerar responsable a la empresa constructora.
