El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Badajoz ha emitido dos sentencias favorables al ayuntamiento pacense que desestiman los recursos presentados por propietarios de parcelas de la segunda fase de la finca Los Rostros, obligando a detener las obras que allí se acometan y a demoler las edificaciones existentes, consideradas "clandestinas e ilegales".
Las sentencias fueron dadas a conocer ayer por el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Monago, y contra ellas cabe recurso, que ya uno de los propietarios, Ignacio Bertrand Mira, ha anunciado que presentará, según declaró a El Periódico tras conocer el fallo en su contra. Monago anunció que tras esta sentencia habrá más, porque otros afectados también recurrieron.
Hay que recordar que en esta finca, de suelo no urbanizable, situada junto a Golf Guadiana, ya actuó el ayuntamiento contra las construcciones ilegales en una primera fase. Los fallos que se dieron a conocer ayer afectan a una segunda fase y hacen referencia a la demolición de 23 edificaciones en toda la finca, que está repartida entre decenas de propietarios, en parcelas de 2.500 y 5.000 metros cuadrados.
PROINDIVISA La jueza ha entendido que al ser la finca una propiedad en proindivisión (su primer dueño la parceló y ofreció a los compradores porciones que no se pueden dividir) todo lo edificado en ella pertenece a todos los propietarios en global "máxime cuando ninguno de ellos ha acreditado cuál es el propietario de las 23 edificaciones ilegales que se han detectado". Estas construcciones carecen de licencia municipal.
Ignacio Bertrand es propietario de dos parcelas y la jueza afirma que como le pertenecen dos cuotas indivisas de la finca, también es dueño de las edificaciones clandestinas. "No puede olvidarse que (..) a efectos de responsabilidad por infracciones, se considera también como promotor el propietario del suelo en el cual se comete o se ha cometido la infracción", dice la jueza.
Sin embargo, Ignacio Bertrand (que ayer desconocía la sentencia en su contra) no entiende este fallo, puesto que en sus dos parcelas no existe nada construido. Además, asegura que de todos los propietarios, el ayuntamiento sólo ha actuado contra unos pocos, en concreto contra él y su esposa. Aunque la sanción inicial que se le impuso fue muy elevada, cuando recurrió se quedó en 400 euros y ahora desconoce cómo le puede afectar este fallo. El compró la parcela "como inversión". Monago avisó a los ciudadanos de que antes de adquirir un terreno se informen de su situación urbanística.
