La sentencia del Tribunal Supremo que anula las oposiciones que se celebraron en el año 2007 para enfermeros de Atención Continuada retrasan los exámenes previstos para misma categoría en el próximo mes de enero. El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, aseguró ayer que su departamento trabaja "día y noche" junto a los servicios jurídicos del Gobierno regional para tratar de solucionar el problema toda vez que la ejecución de la sentencia, que obliga a despedir a los 267 empleados que obtuvieron su plaza entonces y repetir las pruebas, "es difícil porque va contra el interés público de la Administración". Carrón lanzó un mensaje de tranquilidad y pidió cautela y prudencia a los afectados ya que según aseguró, buscar una solución "es la prioridad número uno" para la consejería, que trabajara "para que nadie se vaya a la calle".
Carrón aclaró ayer que la Oferta Pública de Empleo (OPE) del 2011 para el Servicio Extremeño de Salud (SES), cuyos exámenes se realizarán en 2014, no se paraliza. Incluso para las categorías de enfermería en Atención Primaria y Hospitalaria las pruebas se mantienen en la fecha prevista, enero, y únicamente la modalidad de Continuada, que es a la que afecta el fallo, "se retrasa, no se paraliza", hasta saber cómo puede afectar la sentencia.
El consejero recordó que el fallo del Alto Tribunal ordena repetir el proceso selectivo para enfermeros de Atención Continuada a partir del segundo examen realizado en 2007, lo que supondría despedir a los 267 estatutarios fijos que consiguieron la plaza entonces. Según Carrón, una cuestión "difícil" al ir contra el interés público de la Administración. "Estamos ante un enorme problema, un problemón heredado del Gobierno del PSOE, que es el menos indicado para pedir soluciones porque ha tenido responsabilidad en estas oposiciones y ahora utiliza la zozobra y la incertidumbre para atacar y hacer oposición. A Guillermo Fernández Vara se le debería caer la cara de vergüeza", dijo el consejero, que asegura que este asunto es su "primera preocupación y la peor herencia recibida de los socialistas".
En su intervención, el consejero se refirió a otra sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el año 2009 contra un concurso de licencias de farmacia organizado por el anterior Gobierno. El fallo también obligaba a anular las concesiones y repetir el procedimiento, lo que suponía cerrar todas las oficinas licenciadas. La Junta, ya con el PP, solicitó la imposibilidad de ejecución de la sentencia y planteó alternativas al denunciante, que como ahora, era una sola persona. El problema se resolvió con una indemnización "millonaria en euros". "No sé si esta será la solución en estos momentos, pero estamos trabajando en todas las vías", concluyó Carrón.
