TLta Junta de Extremadura no quiere contribuir a las arcas municipales pagando la contribución de sus edificios sanitarios. Se autoeximió en el 2008 modificando la Ley de Patrimonio, un cambio que fue anulado en el 2011, y ahora vuelve a la carga. Para el Ayuntamiento de Badajoz no es moco de pavo, porque sólo por los hospitales Infanta Cristinta, Materno Infantil y Perpetuo Socorro percibe en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) la nada desdeñable cantidad anual de 1,2 millones de euros, a los que habría que añadir lo que corresponde por los centros de salud y otros edificios como el de la avenida de Huelva.
Las cuentas municipales ya están los suficientemente depauperadas como para que encima otras administraciones no cumplan con sus obligaciones y no establezcan a cambio ningún tipo de compensación, queja de la que incluso se ha hecho partícipe el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, que ha salido en defensa de los municipios. El IBI es el impuesto del que se nutren buena parte de los ingresos locales. Esta misma postura han adoptado los socialistas en el ayuntamiento pacense, al apoyar la moción de todos los grupos municipales con la que instan al gobierno regional a que retire el apartado del anteproyecto de la Ley de Medidas Tributaras, Patrimoniales, Financieras y Administrativas que la autoexime de abonar el IBI de sus edificios sanitarios por considerar que son de contenido educativo.
En el 2011, el ayuntamiento pacense consiguió el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), con un informe de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, avalando que la exención que imponía la Junta vulneraba la Constitución, en cuanto a que la potestad originaria para establecer los tributos y su posterior modificación corresponde exclusivamente al Estado mediante ley estatal. Además, todo el beneficio fiscal referido a tributos debe regularse por normativas estatales, y en ningún caso autonómicas. También recogía que se estaban vulnerando la Ley General Tributaria y la Ley Reguladora de Haciendas Locales que establecen esta exención para edificios de seguridad ciudadana y los educativos con unas compensaciones, que la normativa autonómica ni siquiera planteaba, como ocurre ahora.
Hay edificios que albergan servicios públicos, como colegios e institutos, que no pagan este impuesto, pero el Estado compensa a los ayuntamientos por esta pérdida. Otros están exentos sin más, como ocurre con los bienes de la Iglesia, de Cruz Roja, sindicatos, partidos políticos y otras instituciones. El PSOE local quiere saber quiénes son los que no pagan y desde cuándo.
A raíz de las quejas suscitadas con el llamado catastrazo , por parte de propietarios particulares que se han visto sorprendidos con un recibo del IBI inesperado que les ha llegado con la revisión del valor catastral de sus propiedades, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha defendido con ahínco que su responsabilidad es que quien tenga que pagar lo haga, independientemente de que se le puedan dar facilidades. Más de 5.200 pacenses van a tener que abonar la contribución que no han pagado los años en los que no habían dado de alta a sus bienes. El ayuntamiento no se la va a perdonar, como tampoco tiene intención de hacerlo con los inmuebles sanitarios de la Junta. Habrá que ver si hace lo propio con el resto de entidades que no contribuyen.
