Los sindicatos están que trinan. Las últimas declaraciones del primer teniente de alcalde, Germán López Iglesias, en las que afirmó que no se cree las bajas médicas presentadas en Carnaval por policías locales han provocado la reacción inmediata en Aspolobba, USO, UGT y CCOO, que las consideran "una irresponsabilidad manifiesta de un cargo público" y exigen el pago de los servicios extraordinarios pendientes del 2014 y el 2015.

Jorge Beltrán, de UGT y Manuel Manzano, de Aspolobba, pidieron ayer, en declaraciones a este diario, que el alcalde tome cartas en el asunto. Lamentaron que López Iglesias se atreva a cuestionar al SES y preguntaron con qué medios se va a abrir una investigación. "¿Qué van a investigar, que el médico está prevaricando, está acusando a facultativos de connivencia con los funcionarios públicos de policía?", se preguntaron. Todos coinciden en denunciar que se sigan nombrando servicios extraordinarios cuando no se pagan. "Eso no ocurre en ninguna administración pública", apuntó Moisés Cayetano, de CCOO. "Las manifestaciones de ayer no dejan de ser una rabieta por la mala gestión", añadió UGT. Los sindicatos piden que en lugar de criticar, lo que debería haber hecho el teniente de alcalde es "felicitar" a los agentes locales por sus intervenciones en Carnaval. No comparten que cuestionen su profesionalidad y apuntaron que el ayuntamiento y la jefatura no garantizan en estos momentos la presencia policial en actividades porque no existen efectivos suficientes. "Se están riendo de la ciudad", recalcaron.

Los sindicatos no reconocen que las bajas médicas puedan ser una protesta encubierta. "Es un problema que a nosotros se nos escapa --señaló Manzano--, somos una organización sindical y en ese trapo no vamos a entrar". "Lo tendrá que decir el médico que prescribe la baja", añadió Beltrán. Como tampoco les sorprende que se presentaran 10 partes una noche y 13, otra, pues apuntan que la plantilla está "envejecida", con una media de edad de 49 años y muchos años de servicio a sus espaldas.

Reprochan al concejal que "no vale con decir" que los servicios se van a pagar, cuando existe un acuerdo del 2015 que no se está cumpliendo. Cifran la deuda en 100.000 euros, con cantidades pendientes que oscilan entre 700 y 2.000 euros a 130 agentes en el 2014 y 156 en el 2015.

Por último, lamentan "el incumplimiento reiterado" con los sindicatos y ponen como ejemplo el anuncio de la creación de la policía de proximidad, que supondrá modificar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, sin haber llegado a ningún acuerdo.