Si el dueño del caballo que provoca un accidente de tráfico es responsable de los daños que causa, también los propietarios de terrenos urbanos sin construir deben responder de las molestias que su abandono provoca. Y si el amo del equino tiene que tirar de faldriquera para cuidar del animal con el que se comprometió de por vida tras adquirirlo, los propietarios de solares deben no sólo pagar los impuestos que les correspondan, sino cumplir las obligaciones que las ordenanzas municipales imponen en cuanto a mantenimiento y limpieza. No valen excusas, ni alegar que su capital líquido no les llega para afrontar tanto gasto. La administración que obliga al propietario privado a responder de sus obligaciones no admitiría este argumento para desprenderle de sus deberes.
Esta semana hemos conocido una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Badajoz que condena al ayuntamiento a vallar un solar de su propiedad y a proceder con regularidad a su limpieza, desbroce, desinfectación, desaratización y demás tareas necesarias para mantenerlo en correcto estado. Es exactamente lo que las propias ordenanzas municipales de Protección Contra Incendios y Autoprotección Ciudadana y de Limpieza Urbana establecen como obligaciones de todos los propietarios de solares. La normativa incluye los que son de titularidad municipal y dice la juez que si la Administración obliga, con toda lógica, a los titulares a vallar sus solares, parcelas o fincas sin edificar, así como a limpiarlos, desbrozarlos y tenerlos libres de materiales que puedan servir como combustible que represente riesgo de incendio, «razón de más para exigírselo a la Administración». Vamos, que debe dar ejemplo.
Pero para llegar a esta sentencia, los vecinos no sólo se han visto obligados a acudir a los tribunales, con el consiguiente gasto que no muchas comunidades estarían dispuestas a sufrir. Previamente han tenido que soportar los inconvenientes de la falta de mantenimiento de un solar municipal donde se acumula la maleza y la basura y del que procedían ratas que entraban en el espacio de su bloque donde se encuentra la piscina comunitaria. Hasta en 22 ocasiones hicieron llegar requerimientos al ayuntamiento durante el 2014, obteniendo la callada por respuesta, para desesperación de los afectados, que finalmente decidieron pagar de su bolsillo los gastos para acabar con los bichos, que superaron la nada desdeñable cifra de 2.100 euros. Cantidad que de momento no van a recuperar porque no acudieron a la vía adecuada para reclamarla. En su defensa, los servicios jurídicos municipales no aclaran por qué nunca han contestado a estos vecinos, a pesar de que aseguran que el ayuntamiento ha actuado en el solar referido, lo ha limpiado y desinsectado. También hacen constar que el consistorio tiene que atender muchas demandas del mismo tipo y no siempre puede satisfacer a todas ellas. La Administración no admitiría este mismo argumento si un propietario privado se negase a limpiar sus terrenos porque tiene muchos y no puede llegar a todos. Si existe una concesionaria que realiza esta tarea y periódicamente el ayuntamiento dota una partida extraordinaria para completarla, sería lógico que abarcase todos sus solares o que los colindantes a viviendas fuesen los prioritarios.
En las redes, tan empachadas de ideas peregrinas, hay quien ha apuntado una solución que podría no ser tan disparatadas si tanta carga suponen estas parcelas: convertirlas en huertos urbanos. Desde luego su tierra fértil es.
