La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Quinta del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia que atiende el recurso que presentó la Asociación Amigos de Badajoz contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), de abril del año pasado. Ese fallo paralizó la ejecución de otra sentencia dictada en el 2003, que consideró ilegal la actuación desarrollada en el antiguo Hospital Militar, en el interior de la Alcazaba, para la construcción de la Facultad de Biblioteconomía. Esa sentencia la corroboró el TS en el 2006 y la mandó ejecutar el propio TSJEx un año más tarde.El alto tribunal estima que "ha lugar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Asociación Amigos de Badajoz, contra el auto del 10 de abril del 2008, dictado por la sala de lo Contencioso Administrativo (SEcción Primera) del TSJEx".NO IMPOSIBILIDAD Asimismo, indica el fallo que "no concurre imposibilidad legal de ejecutar la sentencia de 24 de febrero del 2003". Deja, por tanto, claro en su último fundamento jurídico que "se ha aprobado la variación del plan --Plan General Municipal (PGM)-- con el objeto de impedir que la sentencia se cumpliera en sus propios términos".Y añade "el citado plan se concreta cuando ya se ha dictado la sentencia que se pretende ejecutar, que, recordemos, es del 24 de febrero del 2003, lo que pone de manifiesto que la secuencia de los hechos avala que la modificación del planeamiento tenía por finalidad esquivar el cumplimiento de la sentencia".El TS indica en otra parte del texto judicial: "Repárese que en la ejecución de la sentencia se encuentra presente un interés público esencial, No estamos ante el mero interés particular de una asociación para que se ejecute un pronunciamiento judicial, sino que se trata de evitar que se comprometa la tutela judicial del artículo 24.1 de la Constitución española, que abarca la ejecución de lo juzgado en relación con el artículo 117.3 del mismo texto, como sustento básico de nuestro Estado de derecho".NO BURLAR EL FALLO Por otro lado, el tribunal añade que conviene recordar "que el ejercicio de las potestades administrativas en el orden urbanístico ha de responder a las exigencias propias del interés general, entre las que no se encuentra desde luego burlar lo acordado en sentencia judicial firme".El caso de Biblioteconomía comenzó en el año 2000, con una serie de denuncias públicas y por la vía judicial, que concluyeron con la citada sentencia del 24 de febrero del 2003, posteriormente recurrida por el ayuntamiento, y más tarde por la mencionada asociación, que reconoció haberse equivocado al no oponerse al proyecto en la Comisión de Patrimonio a la que asistió y en la que se aprobó el proyecto. La directiva de Amigos de Badajoz asistió a una reunión la tarde de ayer en el ayuntamiento, donde se puso de manifiesto que éste acata la sentencia y que ordenará a los técnicos municipales que elabore un proyecto técnico para ver cómo se procede al derribo y qué parte del edificio no se ajusta a la legalidad, así como las actuaciones que habrá que realizar para dejar el inmueble en uso. Actualmente, el edificio alberga la Facultad de Biblioteconomía. Amigos de Badajoz se mostró ayer satisfecha con el fallo del TS, "por demostrarse que el colectivo tenía razón desde que en el 2000 intentamos, durante seis meses, que se reformase el proyecto de construcción de un edificio de hormigón blanco que impactaba de forma incontestable en una Alcazaba del siglo XII, sin que nadie hiciera caso".SATISFACCION Y TRISTEZA El colectivo no oculta, por otra parte, "la tristeza, como ciudadanos, al ver cómo se ha malgastado el dinero público del bolsillo de todos los extremeños en una obra construida por la junta de Extremadura, que era una barbaridad, que resulta ser ilegal y que ahora habrá que reformar, una vez más con el dinero de todos mientras los políticos que decidieron en su momento, eluden sus responsabilidades".Amigos de Badajoz pide que no se demonice a la asociación por denunciar "una ilegalidad y por intentar que el patrimonio no siga siendo atropellado con cualquier excusa". Y que esto sirva "para que comprobemos que la ley está hecha para todos, ciudadanos y administraciones, siendo éstas las que deben dar ejemplo de su cumplimiento".