La causa abierta por el supuesto desvío de alimentos para personas sin recursos, centros de mayores y guarderías, procedentes de la Unión Europea, el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) y la Cruz Roja, se verá en Badajoz tras inhibirse el Juzgado de Instrucción 2 de Navalmoral. En la actualidad está en manos del Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad, que debe decidir si se declara competente en la misma.
Este juzgado ha pedido un informe a la fiscalía pacense sobre la competencia del mismo y en caso de considerarse incompetente, se planteará la cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, según confirmó a este diario Rafael Bueno, abogado de Carlos Macías, excoordinador de Cruz Roja, gerente de Red de Servicios Sociales y principal acusado en este asunto.
Macías fue denunciado por los trabajadores de una de las 16 empresas de economía social, la de Bohonal de Ibor, creadas a partir de la entidad sin ánimo de lucro DYA. La denuncia fue "por no cobrar, pero es que el ayuntamiento no pagaba a la asociación", explicó con la última solicitud a Cruz Roja en las manos, de febrero del 2010. En ella consta que los alimentos estaban destinado a 23 centros con 612 perceptores.
El caso por el supuesto desvío de alimentos surgió a raíz de la investigación por la denuncia de los trabajadores, pero Rafael Bueno explica que no hay causa penal, que de haber algo sería materia administrativa, y que, en su opinión, tampoco la hay "porque se ha cumplido el objetivo del Fega, dado que los beneficiarios han recibido los alimentos".
El letrado y su cliente explicaron que hay que diferenciar entre la actividad de DYA, entidad sin ánimo de lucro, y de las empresas de Red Social, que cobran por los servicios que prestan a los ayuntamientos, y que "tanto Cruz Roja, como el Fega y los ayuntamientos conocían perfectamente la manera en que se llevaban los alimentos a los centros".
La noticia saltó a la prensa regional y nacional, "y solo EXTREMADURA nos permitió dar nuestra versión", señalaron Macias y su abogado. Este acaba de pedir la ejecución de sentencia por una demanda ganada a La Razón, que debe publicar una rectificación. "Me han hundido, fue lo primero que me dijo Carlos cuando me llamó", explicó Bueno. Macías añadió: "He tenido que despedir a 300 trabajadores, asumir la deuda de la Seguridad Social, además de los problemas derivados de la falta de crédito y varios ayuntamientos han cancelado sus contratos".
Rafael Bueno aclaró también que "en ningún momento se le detuvo" y que fue "su abogado quien se puso en contacto con la Guardia Civil para entregar toda la documentación, con el fin de evitar la dilación del proceso. Pero cuatro meses después no sabemos si el nuevo juzgado se declarará competente en el caso". El abogado afirma que en cuanto se le permita personarse en el juzgado pacense solicitará el archivo del mismo.
