La Audiencia de Badajoz suspendió ayer el juicio contra 12 acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y prostitución, por la ausencia de las acusadas M. S., que cumple condena en Rumanía, a donde fue extraditada con la condición de que volver para el juicio, y D. C. E., que la policía de Barajas devolvió a Brasil cuando volvía para asistir al juicio. Esto provocó que la sala asumiera la petición del fiscal y los abogados de pedir explicaciones a la Dirección general de la Policía y de la Audiencia Nacional, y que gestionaran de nuevo su vuelta.

Los otros acusados son P. L. M. P., propietario del Club Capri en Talavera la Real, de Capricho en Cádiz, y Ayapana en Córdoba; la colombiana B. L. M. C., que figuraba como dueña del Capri, auxiliada por los también procesados P. I. M. R., I. R. C. y D. R. C.. Asimismo, se sientan en el banquillo V. J. L., encargado del Ayapana, ayudado por M. A. C. V., del Club Venus, en Santa Marta, y su pareja, M. S., rumana, así como por M. A. C. V. y a F. P. B.

El fiscal considera a P. L. M. P. y a M. A. C. V. "directores de organizaciones que introdujeron en España, desde el 2004 hasta abril del 2005 a ciudadanas paraguayas ayudados por E. C. L. R. y D. C. E.. Estas captaban a mujeres a las que organizaban el viaje, les daban pasaporte, ropa y 1.500 dólares para entrar en el país. Luego les retiraban el dinero, teniendo que pagar la ropa y la estancia en los clubs a los que les trasladaban, ejerciendo la prostitución". A M. T. G. se le acusa de actuar de taxista. El fiscal pide 14 años de prisión para cada uno por introducir al menos a 4 mujeres en España.